En total, el Gobierno federal prevé movilizar 10.506 efectivos de seguridad, quienes se sumarán a 1.782 agentes de la Marina. Los militares y guardias nacionales se enfocarán en tareas de investigación y combate al crimen organizado en Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Para las operaciones terrestres, las fuerzas federales contarán con 1.031 vehículos artillados, cinco helicópteros, 18 drones, un sistema aéreo no tripulado, tres vehículos antiminas y equipo antidrones. La Marina, por su parte, patrullará el Pacífico y los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, con seis buques, helicópteros, aviones y sistemas aéreos no tripulados, además de más de 100 vehículos.

Las autoridades han identificado la presencia de varios cárteles en la zona: el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos en Uruapan, mientras que en la región de Tierra Caliente se enfrentan dos alianzas criminales rivales integradas por distintas organizaciones del narcotráfico.

Durante la presentación del plan, la presidenta Sheinbaum aseguró que se trata de una estrategia integral, con una inversión de 57.000 millones de pesos (unos US$ 3.090 millones) y más de 100 acciones a lo largo de 12 ejes, que buscan combinar operaciones de seguridad con políticas sociales de educación, salud, vivienda y empleo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la situación de Michoacán “es una prioridad nacional” y anunció una visita esta semana a Uruapan tras la solicitud de la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda del mandatario asesinado.