El licenciado Pablo Martínez Soares de Lima, especialista en psicología jurídica y forense, reflexiona sobre un fenómeno que preocupa cada vez más: la banalización del concepto de abuso, el aumento de denuncias infundadas y el sesgo ideológico que muchas veces se filtra en los procesos judiciales.

“El problema es que hoy todo puede ser leído como abuso. Llegamos a un punto en el que un padre que baña a su hijo y lo ayuda con la higiene puede ser denunciado solo por tocar sus partes íntimas. Pero si lo hace la madre, nadie lo cuestiona. ¿Entonces el mismo acto es correcto o incorrecto según quién lo realice? Eso no es justicia, eso es ideología”, explicó el profesional con tono crítico.

Aclara que nadie niega la existencia de abusadores ni de conductas violentas. “Ese tipo de comportamiento no es inherente al sexo masculino. No todos los hombres son agresores ni todas las mujeres son víctimas. Generalizar nos lleva al absurdo y a la injusticia”, remarca.

Martínez Soares también advierte sobre la falsa creencia de que los psicólogos pueden “detectar abusos”. “Eso es un mito peligroso. Los psicólogos no detectamos delitos: no somos peritos de la verdad penal. Que un niño dibuje algo o diga una frase no significa automáticamente que haya sido abusado. Hay colegas que venden cursos o libros asegurando que pueden descubrir abusos por dibujos o ‘indicadores’. Eso es falso y demencial. Cuando la justicia confía ciegamente en eso, se cometen errores gravísimos”.

Otro punto crítico, afirma, es la dependencia excesiva del relato en los procesos judiciales. “Muchas veces un relato se toma como prueba suficiente para procesar a alguien. Y eso es un error enorme. El relato es lo más frágil que existe: puede ser genuino, inducido, malinterpretado o incluso implantado. Sin pruebas objetivas, ningún relato debería arruinar la vida de una persona”.

El licenciado señala que las falsas denuncias no siempre tienen el mismo origen. Existen acusaciones malintencionadas usadas como herramienta de venganza, especialmente en disputas familiares, y otras generadas por miedo o confusión. “Hay que separar ambos escenarios: una denuncia falsa intencional tiene dolo; una denuncia por miedo, no. Pero en ambos casos hay inocentes afectados y daños irreversibles”.

Según el especialista, esta realidad también afecta a docentes. “Muchos maestros están viviendo un calvario. Son denunciados por malentendidos o interpretaciones erróneas, y quedan marcados social y laboralmente sin haber cometido ningún abuso. Estamos en una época donde el miedo reemplazó al diálogo y la sospecha reemplazó al sentido común”.

Para Martínez Soares, el problema de fondo es la mirada ideológica instalada: “Se sostiene que la mujer es protectora por naturaleza y el hombre es violento por definición. Esa no es una postura científica, es militante. No defendemos abusadores, pero tampoco podemos aceptar una justicia inclinada antes de empezar”.

Reconocer la existencia de denuncias falsas no implica negar la violencia real. “Mientras hablamos, una mujer está siendo golpeada, y cada 35 horas una mujer muere víctima de femicidio. Esa realidad es innegable y dolorosa”, señala. Pero cuando una denuncia infundada avanza, “la justicia no solo comete un error: también le quita recursos, tiempo y atención a las verdaderas víctimas”.

El desafío, concluye, es claro: construir un sistema que investigue con rigor, sin condenar sin pruebas y sin actuar desde la ideología. “Cuando todo es violencia, nada es violencia. Si todo es abuso, el concepto pierde sentido, la sociedad se confunde y las heridas se multiplican”.

(*) Comunicadora Pública y Política.