Un origen polémico

Desde su creación, la Compañía de Seguros de Jujuy ha sido percibida como un emprendimiento opaco, nacido bajo la sombra de la gestión de Morales y dirigido por figuras estrechamente ligadas al poder provincial. Entre los integrantes de su directorio se encuentran ex diputados radicales, convencionales constituyentes del oficialismo y, significativamente, parientes cercanos de Gerardo Morales.

Uno de los aspectos más criticados ha sido la falta de transparencia en el proceso de afiliación de los empleados estatales a los servicios de la compañía. Desde un inicio, la empresa fue señalada por ofrecer sus servicios en municipios sin contar con el aval de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), obligando a los trabajadores del sector público a suscribirse de manera coercitiva. Este accionar no solo fue inmoral, sino que también dejó entrever un manejo poco ético de los recursos públicos, destinado a engrosar las arcas de un negocio vinculado directamente con el poder político.

El directorio: amigos y familiares en puestos clave

La estructura de la Compañía de Seguros de Jujuy se consolidó a través de la Ley de Creación número 6291, sancionada el 30 de junio de 2022, la cual estableció un directorio encabezado por figuras cercanas a Morales. Entre ellos, destaca Carlos Rodolfo Grosso, quien fue designado como presidente por el decreto 6394-S/2022, y actual vocal segundo, una decisión que recayó directamente en el exgobernador. Grosso, un licenciado en Administración de Empresas con experiencia en seguros, ya formaba parte de la estructura estatal desde diciembre de 2020, cuando fue nombrado vocal en la obra social provincial.

El gerente general, Juan Pablo Román Carniellis, también fue designado por decreto (6395-S/2022) el 19 de agosto, y su trayectoria se remonta a su desempeño en la extinta Gerencia de Seguros Generales, donde ejerció funciones desde 2017. Sin embargo, la composición del directorio no se limita a estas figuras, sino que incluye a nombres ampliamente conocidos en el ámbito político local, como Luciano Rivas, ex diputado radical y actual vicepresidente de la compañía, y Ángela Patricia Reyna, ex esposa del secretario Freddy Morales, cuñada de Gerardo Morales.

Esta alineación de figuras políticas y familiares dentro de la compañía ha suscitado preocupaciones sobre la falta de imparcialidad y la posibilidad de conflictos de interés, lo que refuerza las críticas sobre la naturaleza clientelista de la compañía y su creación bajo la administración de Morales.

La inhibición de bienes: un escándalo anunciado

El 27 de agosto de 2024, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenó la inhibición general de bienes de la Compañía de Seguros de Jujuy, un hecho que, aunque previsible para muchos críticos, causó un gran impacto en la opinión pública. La medida se tomó debido a la falta de presentación de los Estados Contables correspondientes al período cerrado el 30 de junio de 2024, lo cual generó serias dudas sobre la solvencia patrimonial de la entidad.

La resolución 407/2024, publicada en el Boletín Oficial, destaca que la falta de presentación de los estados contables es un asunto de extrema gravedad, ya que impide determinar y conocer la solvencia patrimonial de la compañía. En palabras del organismo regulador, esta omisión permite a la Superintendencia de Seguros de la Nación disponer, sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar cualquier acto de disposición o administración sobre sus inversiones. Esta medida, si bien puede ser apelada en un plazo de cinco días, deja en evidencia la falta de control y transparencia en la gestión de la compañía.

La voz de la oposición: denuncias de corrupción y mala gestión

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La abogada y exlegisladora del PJ, Alejandra Cejas, fue una de las primeras en denunciar públicamente el escándalo. Cejas señaló que en Jujuy, "la provincia con más corrupción por metro cuadrado del país", la inhibición de bienes de la Compañía de Seguros de Jujuy es un reflejo de una administración corrupta que "nunca rindió cuentas". Sus declaraciones no solo apuntan al manejo oscuro de la compañía, sino que también aluden a otros proyectos fallidos del gobierno de Morales, como el tren solar, que resultó ser eléctrico, y la Compañía de Seguros "que no asegura".

Cejas fue más allá, sugiriendo la necesidad de juicios políticos y denuncias por defraudación contra los responsables, aunque expresó su escepticismo sobre si realmente se llevarán a cabo en una provincia donde, según ella, "son todos socios de la corruptela".

Un negocio personal disfrazado de proyecto estatal

Antes de que la compañía se convirtiera en una Sociedad del Estado, Gerardo Morales defendió públicamente su creación, presentándola como un logro personal. Durante la apertura de una sede de la empresa aseguradora, Morales recordó su tiempo como trabajador del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y cómo siempre soñó con desarrollar un área de seguros dentro de la obra social. En su discurso, Morales describió la creación de la Compañía de Seguros como "un viejo sueño" y un "objetivo a cumplir", subrayando que la obligatoriedad del seguro de sepelio era una medida "acertada" que beneficiaría a más del 50% de los trabajadores estatales.

Sin embargo, la obligatoriedad del seguro de sepelio y la conversión de la aseguradora en una Sociedad del Estado fueron vistas como movimientos estratégicos para consolidar un negocio financiero que serviría para realizar inversiones en turismo y salud, según argumentó Morales. Este enfoque, sin embargo, no convenció a la oposición, que cuestionó la ética de imponer un seguro obligatorio y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

La complicidad del poder legislativo

Para concretar la conversión de la aseguradora en una Empresa del Estado, el Ejecutivo provincial envió en julio de 2022 un proyecto a la Legislatura, donde la mayoría parlamentaria garantizó su aprobación. La ley 6291, que establece la creación de la Compañía de Seguros de Jujuy S.E., también otorga al Poder Ejecutivo Provincial la potestad de designar y remover a los miembros del Directorio y al Síndico, lo que refuerza la influencia directa del gobierno de turno sobre la entidad.

La actual vicepresidencia de la compañía recae en Luciano Rivas, un hombre estrechamente ligado a Morales, tanto en su rol de ex diputado provincial por el bloque radical como en su participación como querellante en la causa "Huevos", en la que la presa con domiciliaria en la ciudad de La Plata, Milagro Sala, fue señalada. Rivas, quien en más de una ocasión demostró su lealtad al exgobernador, se destacó por sus declaraciones controvertidas en la Legislatura, donde calificó de "lacras" e "hijos de puta" a los legisladores que denunciaban la crisis sanitaria durante la pandemia. Su rol como uno de los convencionales constituyentes oficialistas para la Reforma parcial de la Constitución provincial es otro indicio de su complicidad con el poder establecido.

Una empresa sin control ni rendición de cuentas

A pesar de la creación oficial de la Compañía de Seguros de Jujuy en 2022, la entidad no cumplió con la obligación de presentar los estudios contables correspondientes al periodo 2023. Esta omisión, lejos de ser un simple error administrativo, expone la falta de control y la negligencia en la gestión de los fondos públicos que maneja la empresa. La inhibición de bienes por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación no es solo una sanción, sino un claro mensaje de que la corrupción y la mala administración no serán toleradas.

El caso de la Compañía de Seguros de Jujuy es un ejemplo más de cómo un proyecto estatal, que en teoría debería beneficiar a la ciudadanía, se convierte en un negocio personal para aquellos que ostentan el poder. La falta de transparencia, la influencia política y la negligencia en la administración de la empresa son solo algunos de los problemas que han llevado a la entidad al borde del colapso.

Las justificaciones del oficialismo: un intento fallido de control de daños

A raíz de inconvenientes técnicos en los sistemas informáticos, la Compañía de Seguros de Jujuy no pudo presentar su balance en tiempo y forma ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta situación fue utilizada por el organismo para imponer una medida preventiva y no sancionatoria, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguros. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para silenciar las críticas y las dudas sobre la gestión de la empresa.

En un intento de controlar los daños, el vicepresidente de la compañía, Luciano Rivas, emitió un comunicado dirigido a los asegurados. En él, explicó que la Superintendencia dispuso el inmediato levantamiento de la inhibición mediante la Resolución 2024–429–APN–SSN#MEC, y subrayó que la medida nunca afectó los derechos de los asegurados y beneficiarios, sino que solo se aplicó sobre las inversiones de la empresa.

Rivas también aseguró que la Compañía de Seguros de Jujuy nunca suspendió su operatoria y que, en ningún momento, los derechos de los asegurados y beneficiarios estuvieron en riesgo. Estas declaraciones, aunque destinadas a calmar las aguas, no han logrado disipar las preocupaciones sobre la integridad de la gestión de la compañía y la posible connivencia del oficialismo en las irregularidades.

Todo lo que toca los cuernos de Morales en Jujuy está corrompido

Con la inhibición de bienes ordenada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Compañía de Seguros de Jujuy enfrenta un futuro incierto para los miles de estatales jujeños obligados a contratar los servicios que se esfuman a los bolsillos del poder político. La falta de transparencia y la corrupción que han caracterizado su gestión desde su creación han dejado a la empresa en una posición vulnerable. A medida que el caso continúa desarrollándose, queda por ver si se tomarán medidas concretas, aunque no las hay, para abordar las irregularidades y garantizar que la entidad pueda operar de manera transparente y eficiente en el futuro.

Sin embargo, dado el historial de impunidad y corrupción que lleva más de 30 años en la provincia del NOA, es difícil ser optimista. El caso de la Compañía de Seguros de Jujuy no es solo un reflejo de la mala gestión de una entidad estatal, sino un símbolo de cómo los intereses políticos del cornudo radical de Morales puede corromper cualquier proyecto, por más noble que sea su propósito original, los cuernos siempre ganan.