En la mesa chica del jefe de Estado presionan al Legislativo y anuncian que si no hay luz verde para la privatización antes de fin de año, el Gobierno cederá el control accionario a los trabajadores.

"El Presidente va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la Ley 23.696 llamada Ley de Reforma del Estado", confirmó Manuel Adorni durante la conferencia de prensa que encabezó en la Casa Rosada.

El decreto del Presidente fijaría un plazo para que el Congreso debata la norma. Funcionarios con acceso al despacho presidencial sostienen que el Poder Legislativo no podría negarse a debatir la ley. El Ejecutivo solo aceptaría una definición afirmativa. Altos funcionarios con despacho en Casa de Gobierno advierten que si el Parlamento se niega a privatizar la empresa antes de 2025, la cederán a sus trabajadores.

Sostienen que para que esa alternativa, que Milei ya había propuesto en la campaña, se concretara, no sería necesario pasar por el Congreso. "Es el momento para hacerlo. Si el conflicto continúa, la empresa va a la quiebra en 60 días. Si los empleados no quieren la empresa, no importa, bastará que uno solo quiera", aseguró uno de los funcionarios que más escucha el Presidente.

En la Rosada no preocupa que la presión a otro poder del Estado dificulte el tratamiento de leyes clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2025 o el pliego de los jueces de la Corte que impulsa. Los aliados del PRO por ahora manifiestan dudas. "¿Si lo podían hacer por decreto para qué incluyeron un listado en la Ley Bases?", se pregunta una de las espadas legislativas del macrismo.

Para funcionarios involucrados en la operación, no hay contradicciones. "El decreto es una herramienta que le da velocidad y a la vez es por ley", explican.