En un intento de calmar las aguas, el Ejecutivo ofreció un aumento salarial del 5,8 por ciento para los docentes universitarios, equiparando sus sueldos con los empleados públicos del SINEP. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los gremios, quienes la consideraron insuficiente, incrementando la tensión en la antesala de la protesta del 2 de octubre.

La interna dentro del gobierno también ha complicado el manejo de la crisis. Las diferencias entre altos funcionarios, como el asesor presidencial Santiago Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, reflejan las dificultades para llegar a un acuerdo que desactive la movilización. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha decidido demorar la publicación del veto a la ley de financiamiento universitario hasta después de la marcha, un gesto que, si bien fue bien recibido por los rectores, no ha sido suficiente para detener la convocatoria.

Además de la tensión en el ámbito universitario, la relación del gobierno con la CGT juega un papel crucial. Mientras que la central sindical está dividida entre sectores combativos y aquellos dispuestos a negociar con la Casa Rosada, solo el ala más radical, encabezada por Pablo Moyano, ha confirmado su participación en la marcha universitaria. La CGT, por su parte, ha centrado su atención en otros frentes, como la defensa de Aerolíneas Argentinas, con un paro del sector transporte previsto para el 17 de octubre.

La marcha del próximo miércoles representa un desafío significativo para el gobierno, que teme que, una vez publicado el veto, el Congreso pueda rechazarlo, creando un escenario adverso y una posible derrota política. Mientras tanto, la comunidad universitaria denuncia un deterioro grave en las condiciones de las instituciones, con hospitales como el Clínicas operando con solo un cuarto de sus quirófanos activos debido a la falta de recursos.

La protesta del 2 de octubre será una muestra del impacto que los recortes presupuestarios han tenido en el sector educativo y un termómetro para medir el estado de la relación entre la sociedad y un gobierno que, a pesar de sus intentos de negociación, sigue sin poder contener una creciente ola de descontento.