El lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 843/2024, a través del cual, el Gobierno establece una nueva serie de requisitos, muy restrictivos, que deben cumplir de ahora en más las personas para poder cobrar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Dicho texto tiene la firma del presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Russo.

Desde hace un tiempo, desde el Gobierno y funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se informó que están desarrollando una auditoría que detectó un gran número de irregularidades que van desde la falsificación de certificados médicos hasta el descubrimiento de personas que cobraran dichas pensiones y vivían en el exterior o tenían una vida adinerada.

La verdad es que resulta un tanto extraño que alguien con un alto nivel de vida, incluso con residencia en el extranjero, se exponga a falsificar documentación para recibir la módica suma de 164.000 pesos, más un bono de 70.000. Pero como diría el ingenio popular "como no sé de auditorías, no opino".

Sin presentar ningún tipo de prueba respaldatoria de semejantes denuncias, siguieron avanzando en esta campaña. El último capítulo de esa política había sido enviar cartas-documentos a los beneficiarios en las que se los intimaba a presentarse en determinada fecha "con la documentación complementaria que acredite su condición médica" o caso contrario sufriría "la suspensión de la Pensión no Contributiva por Invalidez".

Según la versión oficial, subproducto de esta gran cantidad de irregularidades es que entonces se tomó la decisión de definir nuevos requisitos a cumplir por los beneficiarios (tantos los nuevos, como los actuales). Entre ellos:

- Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del 66 por ciento o más en la capacidad laborativa.

- No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de evaluar y acreditar el cumplimiento de este requisito.

- No tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico, o que, teniéndolos, no sea suficiente para la subsistencia.

- No poseer un vínculo laboral formal ni encontrarse inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente.

- Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país. Los argentinos naturalizados deberán contar con una residencia continuada en el país de por lo menos 3 años anteriores al pedido del beneficio. Esta circunstancia se acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad competente o por cualquier documento público que así lo determine. Dicha certificación podrá ser revisada o actualizada toda vez que la Agencia Nacional de Discapacidad lo considere.

- Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

Estos nuevos criterios en los hechos constituyen un recorte en derechos ya conquistados para un montón de personas a las que además, desde el Estado se las somete a un trato humillante y denigrante.