La reforma al poder judicial aprobada el 11 de septiembre es solo una de 20 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año que busca modificar la Constitución mexicana.

Tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que la reforma al poder judicial “socava gravemente la independencia judicial y contraviene estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”.

“En México la mayoría de los derechos que la población LGBT ha obtenido ha sido atendida y garantizada a través del Poder Judicial Federal con acciones de inconstitucionalidad. Mediante litigios estratégicos y juicios de amparo promovidos por organizaciones. El Estado nos ha fallado en el acceso a la justicia y ahora lo que vamos a tener que hacer es tomar una posición más a la defensiva para organizarnos ante lo que se viene para tratar de proteger desde la sociedad civil lo más que podamos nuestros derechos y no permitir retrocesos”, advierte Ninde Molre, abogada y directora de México Igualitario, una organización que lleva trece años trabajando y acompañando asuntos en materia constitucional sobre matrimonio igualitario, pensiones por viudez para parejas LGBT+, identidad de género trans y no binarie, reconocimiento de hijes de madres y lesbianas, aborto, etc.

¿Qué dice la reforma al poder judicial?

Jueces, magistrados y ministros serán elegidos por elección popular. Esto implica a más de mil 600 cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Les aspirantes deben tener el título profesional de licenciatura en derecho con un promedio mínimo de 8 y 9 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, al menos cinco años de experiencia profesional. Además, deberán elaborar un ensayo y entregar cartas de referencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será la institución encargada de llevar a cabo este proceso de elección popular, publicar los resultados y entregar las constancias a las candidaturas que obtengan la mayor cantidad de votos. Y después ingresarán a una tómbola.

Antes jueces, magistrados y ministros se ganaban un lugar por medio de exámenes de colocación, experiencia y evaluaciones abiertas y transparentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial. Les ministres de la SCJN eran elegidos por el presidente y luego se sometía a aprobación por el Senado.

Se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministres y un ajuste a sus remuneraciones. Ninguna persona ministra, jueza o magistrada podrá ganar un salarió mayor al de el o la presidenta del país.

Para vigilar el actuar de las personas juzgadoras se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

La reforma al Poder Judicial fue presentada por el presidente Obrador con el fin de “acabar con la impunidad y la corrupción de jueces”. El día que se aprobó dijo durante su conferencia matutina que, “(los jueces) son responsables, en mucho, de la decadencia de nuestro país y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública”.

El proceso de votación estuvo rodeado de protestas y tensiones entre los partidos políticos de la hegemonía (Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo) y la oposición (PRI, PAN, PRD). El voto que definió la aprobación de la reforma vino por parte de un senador del Partido Acción Nacional (PAN) con antecedentes de delitos de corrupción.

En las horas subsecuentes, sin análisis, ni debate y de forma rápida más de 20 Congresos locales aprobaron la reforma al poder judicial. En ocho meses la ciudadanía será convocada a votar por más de mil 600 cargos judiciales.

¿Cómo podría impactar esta reforma a los derechos de poblaciones LGBT+ y las mujeres?

En México los derechos humanos de las poblaciones LGBT+ y mujeres muchas veces han sido obtenidos a través del Poder Judicial. Desde el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos como el aborto, hasta el matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidad de género de personas trans, el acceso a la pensión y viudez en parejas del mismo género, el reconocimiento de hijes por parte de madres y parejas lesbianas, etc.

Por medio de acciones de inconstitucionalidad pero también bajo las herramientas de juicios de amparo y litigios estratégicos, dos estrategias usadas por los activismos y organizaciones de la sociedad civil cuando una autoridad está violando derechos humanos.

En ese sentido, Ninde MolRe ve un riesgo en la reforma al poder judicial en tanto a cómo llegan las personas juzgadoras al proceso de elección, quiénes las pueden financiar y si tienen una postura antiderechos. Así lo explica:

“El proceso de elección de ministres, magistrades y jueces va a estar viciado porque ya no va a ser tanto sobre la experticia y la experiencia que tengan sino más bien por el poder convencer a la población para ser votadas. Corremos el peligro de que ahora lleguen discursos anti derechos y que entonces el día de mañana la Corte sea sumamente conservadora y que lo que hemos ganado hoy en materia de derechos y derechos sexuales y reproductivos vaya en retroceso como lo que hemos visto en Estados Unidos (con el litigio Roe vs. Wade de acceso al derecho al aborto)”.

Y agrega, “pero también yo si veo por ejemplo a un Eduardo Verastegui aprovechando esta coyuntura para influir en las personas candidatas a ministras y que sean personas de derecha. Además, personas como él fácilmente podría financiar esos escaños”.