La Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio anunciada por Caputo fue percibida por los intendentes como un intento de "desfinanciar" sus economías locales, pues muchas municipalidades utilizan las facturas de servicios públicos para recaudar fondos destinados a otras actividades y mantener servicios esenciales. En la práctica, esto significa que sin la posibilidad de incluir estos cobros en las facturas de luz, gas o agua, los municipios tendrán que buscar nuevas formas de generar ingresos, algo extremadamente complicado en el contexto económico actual.

A través de la plataforma X, Caputo explicó que las boletas de luz, gas y otros servicios públicos sólo podrán contener los cargos relacionados directamente con el servicio contratado, prohibiendo la inclusión de tasas municipales, como el alumbrado público.

El ataque bonaerense

Rápidamente, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del ministro con los tapones de punta. “No aclares que oscurece, Luis Caputo”, expresó y continuó: “Es obvio que sólo buscan castigar a los municipios impidiéndonos cobrar lo que nos permite tener las calles iluminadas. ¡Es una locura que pongan en riesgo el alumbrado público! Esta medida no es beneficiosa para nadie, ni siquiera para las energéticas”.

Por su parte, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires destacó que la Ley provincial 11.769, en su artículo 78, permite la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. A través de un comunicado, el OCEBA aseguró que "la normativa provincial habilita a los municipios a seguir cobrando estos conceptos", lo que en la práctica podría significar una diferencia clave para muchos municipios de la Provincia.

“En tal sentido, la Ley provincial 11.769 regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas, estableciendo el cumplimiento de los recaudos correspondientes, sin que ello vulnere los principios de la Ley de Defensa del Consumidor”, reza parte del texto.

No obstante, el OCEBA aclaró que su jurisdicción no abarca a Edenor y Edesur, las principales distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que genera una situación compleja para las comunas dependientes de estas compañías, como es el caso de los municipios del conurbano. La ausencia de control sobre estas distribuidoras hace que la aplicación de la medida sea incierta en algunas zonas.

“Cabe aclarar, para despejar cualquier duda, que dada su vinculación con el servicio público de distribución de energía eléctrica, el consumo por alumbrado público puede ser incorporado en la factura como prestación del servicio de acuerdo a lo regulado por la Ley provincial 10.740. Sin dejar de considerar que la norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción”, completa el comunicado.

Para cerrar con broche de oro, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también intervino en la discusión, respaldando a los intendentes y al OCEBA. Kicillof, esta semana en plena movilización contra el veto a la movilidad jubilatoria, manifestó su rechazo a la medida: “Lo que planteó el gobierno es sacar un instrumento que tienen los intendentes para tener mayor cobrabilidad”.