La presencia de las ballenas significaría un altísimo impacto ambiental, por lo que la Justicia evalúa la situación. La reforma de la Ley 3308 se encuentra judicializada, por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y la Corte Suprema podría fallar a favor de los ambientalistas y el proyecto se vería demorado o incluso desplazado.

Bajo ese escenario, la provincia patagónica deberá desarrollar la infraestructura desde cero, que conlleva no sólo la construcción del oleoducto que llegará a la Sierra Grande, sino también al dragado del Mar Argentino y a tan solo 30 kilómetros de la Península Valdés, un área protegida y declarada de patrimonio mundial por la UNESCO.

Contradicciones

Es preciso destacar que la propia legislación rionegrina prohibía "la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques", y la modificó oportunamente ante la posibilidad del desarrollo del proyecto.

Desde YPF justificaron que "Río Negro ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto". Aunque, si la empresa estatal se hubiese inclinado por Bahía Blanca, esto no sería un problema ya que el territorio bonaerense cuenta con un desarrollo operativo y de infraestructura previo.