Belliboni bajo la lupa: Casanello procesó por administración fraudulenta al líder del Polo Obrero
El juez federal Sebastián Casanello inició la semana confirmando el procesamiento contra el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa de asistencia Potenciar Trabajo. Según indica la investigación, esos fondos fueron desviados para fines partidarios y, otro tanto, fueron a parar a los bolsillos de los máximos dirigentes.
Ante ello, Casanello resolvió dictar un embargo por 390 millones de pesos y lo acusó de "aprovecharse de las políticas públicas" para financiar "sus intereses partidarios". Además de Belliboni, el procesamiento también alcanzó a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Lo mismo para María Isolda Dotti y Gianna Puppo, aunque a éstas dos se las acusa de "amenazas coactivas" contra los beneficiarios sociales.
🔴 Este lunes, la Justicia procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
— Radio Mitre (@radiomitre) July 29, 2024
💬 El juez federal Sebastián Casanello encontró pruebas suficientes para demostrar que Belliboni desvió parte de los 360 millones de pesos… pic.twitter.com/7ltegzFqJV
La lista de ilícitos y procesados no termina allí. A Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas; y a Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas.
En la resolución que se hizo pública este lunes, Casanello indica: "Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)". Y agrega: "En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron".
De esta forma, "no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa".
Las irregularidades fueron expresadas, inicialmente, mediante los llamados telefónicos a la línea que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar de forma anónima los aprietes de las organizaciones sociales. Esto conllevó a que, la Justicia continúe investigando y tras varios allanamientos, dieron incluso con chats grupales donde se probaría la organización de los procesados para amenazar y quitarle dinero a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Por lo expresado, para el juez "ha quedado demostrado que las personas nombradas, que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta".