Ahora sí. Con la Ley Bases adentro y los colmillos afuera, el Gobierno busca incrementar su poder mediante la firma del Pacto de Mayo que debió cancelar en el quinto mes de su gestión debido a la falta de consenso político.
Este lunes frío de julio, en el que tantas familias tuvieron que apagar sus calefactores porque no pueden afrontar las tarifas de gas, un Gobierno simulador de patriotismo sacó provecho del 208° aniversario de la Independencia para ir por su próximo objetivo: la firma conjunta de un documento clave que abre una nueva etapa en la administración libertaria, esta vez signada por una nueva alianza con los gobernadores.
Atados de pies y manos, los mandatarios provinciales ya no tienen margen de acción en un contexto donde les urge reactivar la obra pública y obtener los fondos coparticipables que necesitan para mantener a flote a sus jurisdicciones. Con la cabeza gacha y lapicera en mano, desfilaron por la histórica y emblemática Casa de Tucumán para allanarle el camino al presidente Javier Milei, quien tanto los humilló en reiteradas oportunidades.
Si bien empresarios, legisladores de todos los colores y expresidentes fueron invitados al acto oficial, en este último caso el único que sorpresivamente confirmó asistencia fue Mauricio Macri, quien está abocado a reforzar la identidad de un PRO que viene severamente lastimado, alejándolo de un Gobierno con el que no comulga. Entre otras cosas, esto derivó en más tensiones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tras montarse en el Gabinete libertario, pretende fusionar su criticado presente con su pasado amarillo.
Sostenido ahora por una red de gobernadores, Fuerzas Armadas y de seguridad, Milei intentará desde esta semana sostener gobernabilidad e impulsar la "batalla cultural" libertaria contra aquellos que se atreven a desafiar las reformas estructurales que llegarán en la segunda fase de su plan de ajuste, a través de la obtención de facultades especiales para avanzar con la motosierra. Para ello, se nutrirá de las manos quemadas del polémico economista Federico Sturzenegger, flamante conductor del recientemente inventado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que se dedicará a profundizar el desguace de los organismos públicos y continuar con la política de privatizaciones. Designación que, dicho sea de paso, demuestra un acto más de hipocrecía de Milei, quien no deja de despreciar al Estado mientras sigue expandiéndolo al ritmo de su conveniencia, desperdiciando los recursos que tanto dice preservar, en lugar de destinarlos al bienestar general de una población que está asfixiada por sus medidas opresivas.
A continuación, se describen los puntos clave del Pacto de Mayo tal como fueron oficialmente informados: inviolabilidad de la propiedad privada; equilibrio fiscal inamovible; reducción del gasto público a niveles históricos; una educación ágil y moderna en todos sus niveles, con infraestructura plena y sin abandono escolar; reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el crecimiento; rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; compromiso de las provincias de encargarse de la explotación de los recursos naturales del país; reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; reforma previsional que dé estabilidad al sistema y aporte a quienes aportaron con su vida; apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
Las inconsistencias de estos ejes en relación con las medidas implementadas desde que La Libertad Avanza llegó al poder son, por lo menos, llamativas. ¿Qué ocurre con las demandas del pueblo? ¿Quién las representa en esta instancia de participación cerrada disfrazada de democrática, que solo apunta a dirimir intereses político-económicos?
Los gobernadores ya se dejaron manipular y se subieron al trencito del delirio mileista, sometiéndose a un escandaloso abuso de poder por parte de un Ejecutivo que detesta el federalismo e impone condiciones de manera unilateral bajo amenaza de cortarles el chorro, en una mesa de “negociaciones” que nada tiene que ver con la transparencia.
Este “pacto” falaz no es más que un nuevo plan macabro diseñado para seguir privilegiando a unos pocos a expensas de la clase trabajadora, camuflado como modelo de estabilidad, mientras millones de argentinos siguen esperando un cambio de raíz que les permita aspirar a una vida mejor.
La realidad no miente: la población ya perdió más de un 20 por ciento de su poder adquisitivo en el último año y, como correlato de la profunda recesión y crisis económica, la clase media sigue cayendo en el pozo de la pobreza, que ya marca un índice del 54 por ciento. De eso, ¿quién se ocupa?