Estas decisiones se tomaron esta tarde en una reunión en la sede de UPCN, ubicada en Moreno al 1300, donde también se abordó la crisis financiera de las obras sociales.

Se criticó duramente al Gobierno y se expresó preocupación por las recientes medidas adoptadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, que según se indicó, causarán la "eliminación de los subsidios SUMA y SUMARTE y dejarán al Fondo Solidario de Redistribución sin fondos para los reembolsos de alta complejidad".

La reunión se celebró tras semanas de tensiones y disputas entre el sector dialoguista y la fracción dura sobre la Ley Bases y la movilización del 12 de junio organizada por el kirchnerismo y la izquierda ante el Congreso, que terminó con incidentes. Curiosamente, varios dirigentes de la mesa chica criticaron a la prensa por informar sobre estas diferencias y afirmaron que "no existen divisiones" en la central obrera.

El moyanismo, aliado al sindicalismo kirchnerista dentro de la CGT, busca intensificar el conflicto con el Gobierno, alineado con el barrionuevismo. Sin embargo, el sector dialoguista, mayoritario e integrado por "los Gordos" y los independientes, negoció la reducción de 42 artículos de la reforma laboral en la Ley Bases y busca un diálogo con el Gobierno para mitigar el ajuste y la reforma del Estado.

Este escenario se reflejó en la reunión en UPCN. Mientras los dialoguistas lograron que se aprobara la solicitud de audiencia a Cordero, Pablo Moyano anunció que no asistirá. El sector moderado desestimó las denuncias judiciales de la CGT contra la reforma laboral y Ganancias, apoyando las que haga cada sindicato, pero el líder de Camioneros avisó que su sindicato impugnará en los Tribunales y promoverá una movilización cuando presenten la demanda.

Esta postura ya era conocida: los gremios del ala moyanista-kirchnerista de la CGT decidieron la semana pasada denunciar la inconstitucionalidad de la reinstalación de Ganancias y movilizarse ante el Palacio de Tribunales el día de la presentación. Esta decisión se tomó en una reunión en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Pablo Moyano, Sergio Palazzo (bancarios) y Mario Manrique (SMATA).

La decisión de no presentarse como CGT ante la Justicia se basó en un informe técnico de abogados cegetistas como Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, quienes participaron en la reunión en UPCN. Según los expertos, la CGT no tiene legitimidad para actuar ante la Justicia porque no cubre universalmente el reclamo colectivo.

A pesar de todo, el sector duro de la CGT obtuvo un premio consuelo: se convocará a una reunión del Consejo Directivo para el 25 de julio, donde se debatirá cómo continuará el plan de lucha de la central obrera, que incluyó la movilización del 1° de mayo y el paro general del 9 de ese mes.

Los más opositores al Gobierno están convencidos de que la situación socioeconómica empeorará y que para fin de mes habrá más consenso interno en la CGT para llevar a cabo otra medida de fuerza. Por otro lado, los dialoguistas esperan que la reunión con Cordero sea una oportunidad clave para negociar los temas que preocupan al sindicalismo y evitar un nuevo paro general.

En cuanto a las obras sociales, se criticó la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos por la crisis financiera que atraviesan. En particular, se señaló una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que establece una contribución uniforme del 15 por ciento para todas las obras sociales sindicales, obras sociales de dirección y prepagas al Fondo Solidario de Redistribución.