Y lo logró. El 20 de diciembre de 2003 inauguró "El Castillo", un imponente centro recreativo de eventos que en pocos meses se consolidó como el número uno en la elección de los pampeanos con fastuosas fiestas multitudinarias que no bajaban en concurrentes de entre siete mi y ocho mil personas.

Sin lugar a dudas, Raúl Gómez y su castillo, tocaron intereses. La gente que antes iba al casino y lugares aleatorios, ahora, era fanática de "El Castillo". Con todos sus papeles en orden desde lo legal, habilitaciones y la seriedad de sus dueños, de repente, comenzó una persecución tanto judicial como marginal, y fuera de la ley por parte del estado provincial, sin precedentes.

El arco político todo: gobernación, fuerzas de seguridad e intendencia coordinaron un ataque sistemático contra Gómez y su espectacular predio que incluyó amenazas, amedrentamientos, apremios ilegales y hasta la inundación del predio por parte de las camionetas de la intendencia.

Hoy, tras veinte años de artilugios ilegales y una causa resguardada por un "paraguas mediático" para estatal digno de un feudo, el "Caso El Castillo" llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con una medida cautelar admitida por la Corte Interamenicana de Derechos Humanos de La Haya así como, que se pudieron perforar las vallas que no permitían que este escándalo provincial se hiciera eco en los medios nacionales y, lo que es más, lograra el interés de contarlo a nivel internacional a través de una docuserie para el monstruo de las plataformas: Netflix.

El comienzo del ataque estatal fue con el quite arbitrario de la habilitación realizando una expropiación forzada, en forma directa y sin contemplar las garantías de forma ilegal e inconstitucional.

Gómez, denunció como responsables al exgobernador Carlos Verna, a quien se dirigió calificándolo de "Señor Feudal", a Alfredo Gilberto Schanton como autor intelectual e intendente de la Municipalidad de Toay y a Alejandro Schechmann como firmante de la resolución que fuera efectuada en tiempo record y sin apercibimiento ni notificación alguna. La arbitraria resolución de la función era sugestivamente de un Juzgado de Faltas que corresponde al Municipio y no a un Poder Ejecutivo.

La demanda contra el estado que ya está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación destaca la Violación y Vulneración de los Art. N° 14, N° 17 y N° 18 de la Constitución Nacional.

Para la querella la provincia de La Pampa es una provincia feudal que está en acción directa de inconstitucionalidad (A.D.I) por los Artículos N° 5 y N° 123 de la Constitución Nacional Argentina y el "Caso El Castillo" está ante una inminente intervención federal por los artículos N° 6 y N° 99, inciso 20 de la C.N.

Por la gravedad del caso, y mientras debe expedirse el máximo tribunal, a su vez la Corte Interamerica de Derechos Humanos de la Haya admitió un medida cautelar presentada por Raúl Gómez.

Allí se les hace responsables de haber mancillado todas sus garantías constitucionales a todos los gobernadores de la provincia de La Pampa desde el cierre de "El Castillo" en 2004 hasta 2024.

Ellos son Carlos Verna, Mario Jorge, Sergio Sabe y Sergio Ziliotto. Además de a las intendencias de la Municipalidad de Toay, a Alfredo Schanton, a Ariel Rojas, a Rodolfo Alvarez de Habilitaciones y Alejandro Schechman.

Por último quien quedó muy comprometido es el ministro Juan Carlos Tierno por las actuaciones irregulares de sus asesores Daniela Bassia y Guillermo Calceran.

Todos ellos, según dictan las medidas, por corrupción o desconocimiento del derecho han violado la Constitución Nacional en sus Art. N° 248, 249, 251 y otros: Abuso de Poder y Autoridad.

"El Caso El Castillo", como se lo pronuncia en la opinión pública, los ciudadanos y en los pasillos de tribunales sería la "punta del iceberg" de la gran masa de corrupción desarrollada por todo el arco político judicial de La Pampa.

Tras las publicaciones de los medios nacionales sobre este caso, trascendió que no paran de llover, ante diferentes fueros pampeanos, denuncias sobre la discriminación y arbitrariedad de todos los denunciados.