“Lo único que hay son organizaciones que defienden a los compañeros y compañeras que están abandonados, conscientemente, por el Estado. Presentamos pruebas de lo que compramos con el dinero que nos dieron”, agregó.

Por otro lado, comentó: “Los elementos están allí, las computadoras, las impresoras, donde miles de compañeros se capacitan. Y todo lo presentamos con firma de un escribano. Invitamos también al juez y al fiscal a que vinieran y lo vieran. Denunciamos el escándalo de los allanamientos y que medios de comunicación tuvieran datos personales de personas allanadas antes de la Justicia”.

“El 20 de diciembre se inició una persecución política cuando la ministra (Bullrich) prohíbe las movilizaciones populares y cuando (Pettovello) le sacó la comida y la tenía escondida. No se le daba a la población por castigarla por pertenecer a un movimiento social”, siguió.

A su vez, reafirmó que en el Polo Obrero no tienen “ninguna factura trucha”, y añadió: “Nuestras organizaciones cumplen un rol social. ¿Qué le debemos al Estado? Un comedor, ponerlo en funcionamiento, vale seis millones de pesos y eso lo ponen los compañeros, no pone un peso el Estado. Demostramos que nadie obliga a nadie a participar de marchas. Durante el gobierno de Macri no había contraprestación y había movilizaciones porque había reclamos porque crecía el hambre. El Polo Obrero no sólo no tuvo bajas, sino que tuvo altas”.

“Por un lado, creo que pudimos explicar. La compañera María Dotti decían que era una delincuente y es una luchadora que fue sancionada en su trabajo. Les filtraron a los medios noticias falsas para que terminen en una denuncia. No sé qué hará el juez, pido que si hay Justicia los que deben estar en el banquillo son los que escondieron alimentos”, finalizó.