Belliboni será indagado por el desvío de fondos de planes sociales para financiar al Partido Obrero
Este martes, Eduardo Belliboni, líder de la Asociación Civil Polo Obrero, será indagado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una investigación por desvío de fondos públicos y administración fraudulenta.
El piquetero está acusado de utilizar fondos del programa Potenciar Trabajo, destinados a beneficiarios para financiar actividades político-partidarias del Partido Obrero, utilizando facturas falsas para disimular el desvío.
🔴 Mañana todxs a Comodoro Py para acompañar a Eduardo Belliboni y a Tango Dotti en las indagatorias. Derrotemos la persecución política y la ofensiva contra la movilización popular. pic.twitter.com/qOSAQtDJTW
— Partido Obrero (@PartidoObrero) June 24, 2024
Su indagatoria cerrará una serie de audiencias donde varios dirigentes sociales ya han comparecido ante el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. La acusación sostiene que, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor suscribieron convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social para manejar 361.087.500 pesos en subsidios. Estos fondos debían ser utilizados exclusivamente para actividades vinculadas al programa Potenciar Trabajo.
Facturas truchas
Sin embargo, las investigaciones revelaron que los fondos fueron administrados de manera indebida. Según fuentes judiciales, se usaron facturas falsas para simular gastos inexistentes y desviar los fondos hacia el sostenimiento del Partido Obrero. Entre las empresas implicadas en la emisión de estas facturas se encuentran Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos, ambas sin actividad real y catalogadas por la AFIP como usinas de facturas apócrifas.
En la investigación, se detectaron dos facturas de Coxtex por un total de 5.144.418 pesos y 179 facturas de Ediciones e Impresiones Rumbos por aproximadamente 31.000.000 pesos. Las rendiciones de gastos falsas presentadas por Belliboni y otros referentes del Polo Obrero ante la Secretaría de Economía Social fueron un mecanismo para ocultar el desvío de los fondos estatales.
Las fuentes judiciales afirman, en diálogo con la periodista Lucía Salinas de Clarín, que una parte significativa de estos recursos se utilizó para financiar actividades del Partido Obrero, incluyendo gastos corrientes, prensa, militancia y campañas electorales.