Varios años después de la guerra condujo un exitoso programa por Radio 10 -por entonces líder en audiencia- que se emitía los domingos a la noche y llevaba por título “Malvinas, la verdadera historia” por el que pasaron muchos veteranos para contar lo que vivieron en las islas. El programa fue considerado como un libro abierto sobre la guerra, narrado en primera persona por sus protagonistas.

Corría el año 2007 cuando el militar y periodista se enteró que el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Vassel y un ex soldado difundían un vídeo en el cuál el ex soldado Juan de la Cruz Martins lo involucraba en presuntos casos de malos tratos -torturas- a sus subordinados que durante la guerra estuvieron bajo su mando. La acusación llegaba a hacerlo responsable por la muerte del soldado Remigio Fernández.

Lo que no supo Taranto en ese momento era que la movida obedecía a una maniobra organizada por el mencionado subsecretario para promover reclamos de indemnizaciones similares a las que percibieron las víctimas del terrorismo estatal durante la última dictadura militar.

De todas maneras, y con la convicción de quien no tiene nada que ocultar, el ex oficial se puso a disposición de la Justicia para que se investiguen todos sus pasos en Malvinas. El resultado fue un sobreseimiento de todos los cargos que se le formularon. El pronunciamiento judicial llevó la firma del juez federal Ariel Lijo.

Cuando parecía que todo había terminado bien, se abrió un nuevo expediente, esta vez en la ciudad de Río Grande. Taranto se presentó con el antecedente a su favor de la causa que tramitó en Comodoro Py, pero eso no fue suficiente. La causa avanzó hasta la etapa recursiva, que confirmó la inocencia del militar y añadió que sólo pudo prosperar porque se tuvieron en cuenta a testimonios que a la postre fueron considerados como falsos.

El calvario de Taranto terminó (al menos eso es lo que él creyó) el 12 de mayo de 2015 con un falo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó, una vez más, lo que ya se sabía: que el acusado era inocente.

Pero como dice una canción de Joan Manuel Serrat, esas cosas que acechan detrás de la puerta tienen boleto de ida y vuelta. El mes pasado Taranto fue llamado a silencio por el Juzgado Federal de Río Grande, que le impidió a Taranto hacer uso de los medios de comunicación y de las redes sociales para hablar sobre las causas que lo tuvieron como acusado porque -entiende el órgano jurisdiccional- afecta a quienes en su momento dijeron ser sus víctimas. Es insólito que pase algo así en democracia.

Esta interesante historia nos deja unas cuántas preguntas: ¿Hasta dónde puede llegar la inmoralidad de un funcionario público que se propone destruir la vida de un inocente armando causas? ¿Cómo puede ser que la Justicia haga lugar a esos planteos espurios? ¿Cuánto vale el honor de una persona que no puede hablar en público de su inocencia? ¿A quién se puede recurrir cuando el órgano que debería velar por el derecho a ser oído le impide a una persona ejercer su derecho de hablar? Hay veces que la Justicia y los funcionarios dan vergüenza ajena.