Judiciales y Policiales
En la mira por corrupción

Se le terminaron las vacaciones: "Alverso" está al horno y deberá poner un abogado en la causa por los seguros

El juez federal Julián Ercolini oficializó la acusación contra el ex presidente Alberto Fernández y le informó que debe nombrar un letrado defensor. (Dibujo: NOVA)

Si algo le faltaba al pusilánime Alberto Fernández para transformarse en uno de los peores presidentes de la historia, era que comenzaran a salir acusaciones de corrupción en su contra, puesto que tanto en materia social y económica, su paso por la Casa Rosada solo trajo malas noticias para los argentinos.

Si bien en principio “Alverso” hizo alaracas de una supuesta transparencia durante su gestión, lo cierto es que luego de abandonar el Sillón de Rivadavia, estalló un escándalo por la contratación de seguros que lo compromete cada vez más.

Sin ir más lejos, el juez federal Julián Ercolini le notificó este jueves al ex Presidente que deberá designar abogado defensor para que lo asista en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación.

La notificación es sinónimo de imputación formal contra el expresidente, quien hasta ahora nunca se había presentado en el expediente pese a que estaba al tanto de la investigación, de la que incluso habló en un reportaje.

En la causa se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos. El juez Ercolini dispuso semanas atrás la inhibición general de bienes del ex mandatario. El magistrado dispuso notificar de las decisiones del expediente que lo involucren y para garantizarle el derecho de defensa, debido proceso y control de la prueba, lo exhortó a que designe abogado defensor.

El ex presidente firmó sobre el final de su mandato un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros. Pese a tratarse de una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron "brokers" privados a modo de intermediarios, quienes cobraron por ello comisiones que -según la imputación- estaban por encima de los valores de mercado.

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