Como contamos en NOVA sobre finales de enero, la senadora Delmonte vivía una separación “tumultuosa” con su exmarido y la trama comenzó a verterse a lo político.

Resulta que la senadora tenía contratada a su excuñada que, luego de la separación, se encontró con que no asistía a su lugar de trabajo, para que la propia senadora iba hasta la vivienda de su exfamiliar para exigir el pago total del contrato.

Esto fue el testimonio que recogió la Justicia y que investiga el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola. Tras poco más de tres meses que adelantemos en este medio la trama familiar de la senadora radical, la Justicia avanzó sobre el pedido de desafuero y que evite el curso normal de la investigación.

NOVA accedió a fuentes de distintos puntos del caso, aunque cerca de la senadora evitan un pronunciamiento temprano. Sin embargo, desde el radicalismo adelantaron que no habrá un tratamiento express y que “habrá un compromiso con la Justicia, como corresponde”.

Desde el bloque creen que no existe margen para un desafuero, aunque esperan estudiar con el equipo técnico en detalles el pedido del juez. Mientras, desde las oficinas del oficialismo hay silencio y pretenden no ocultar el caso.

La legisladora es investigada por el delito de defraudación contra la administración pública y se la acusa de haber montado una presunta red de prestanombres y “ñoquis” a los que habría designado como empleados en la Cámara Alta, quedándose con parte de sus salarios a cambio de ofrecerles obra social y aportes jubilatorios.

Según consta en la causa, una testigo declaró que un familiar de la legisladora le ofreció “trabajar con ella, que me ponía en blanco en el Senado y me quedaba con la obra social y los aportes jubilatorios”.

La damnificada dijo que aceptó porque en ese momento atravesaba un duro momento de salud y necesitaba la obra social, así que “viajé a La Plata e hicimos los trámites”. “El primer sueldo eran 31 mil pesos (año 2019), y me dijo que a mí me correspondían solamente 10 mil”, agregó.

Ahora, el Senado vivirá momentos de tensión para avanzar en el tratamiento del desafuero y se tendrán que buscar los argumentos pertinentes para defender, o no, la solicitud que realizó el Poder Judicial para proseguir la investigación.

Si el radicalismo accede, perderá un escaño frente a sus socios de la Coalición Cívica, porque quien asumiría su banca hasta diciembre de 2025 será Romina Braga, actualmente diputada provincial por la Quinta Sección.