Ahora, siete funcionarios fueron citados a declarar tras una denuncia que se conoció en este medio y que acusa incumplimiento de deberes de funcionario público y maltrato.

Esos jóvenes, que hoy esperan una resolución judicial, denunciaron que compraban cocaína a “empleados infieles” que aprovechan las adicciones que mantienen a los hombres y mujeres que, por ser menores de edad, no pueden estar en los penales de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora, los funcionarios de Larroque quedaron imputados por “vejaciones, apremios ilegales en acto de servicio e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento” a la espera de las definiciones de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.

la denuncia que llegó a la Gobernación bonaerense no sólo pone en crisis la venta de drogas, sino que enumeran una serie de problemas que viven tanto los institutos, como los centros de reinserción.

En la denuncia se describe que los jóvenes reciben “viandas crudas, sin carne, fideos sin un gramo mínimo de condimentos, un día ravioles al otro día papas crudas” y que “el menú semana a semana en una repetitiva decadencia el cual no parece tener fin”.

Corfield también investiga una supuesta riña entre los jóvenes del instituto y el funcionario público Oscar Tacchi, quien desempeñaba funciones como subdirector del organismo.

Si bien hubo cambios en los funcionarios por la crisis en minoridad, desde el ministerio decidieron esperar las resoluciones judiciales y no dar testimonios sobre el caso. Sin embargo, desde Gobernación mostraron su malestar porque “ensucia” al Gobernador y piden explicaciones al ministro Larroque.