Panorama Político Nacional
¿La casta? Bien, gracias

Carroñeros

Javier Milei se encargó de llegar al poder prometiendo eliminar y hacer pagar a la casta para salvar al pueblo, por ahora está salvando a los primeros y está hundiendo en la miseria a los segundos. (Dibujo: NOVA)

Javier Milei prometió eliminar a la casta, pero desde que asumió impulsó la alternativa inversa. Sólo la casta, económica y política, ha sido beneficiada. La económica es la que se lleva la parte del león, con el “sinceramiento” de precios y la entrega del patrimonio nacional –el último capítulo fue para Black Rock-, más las fabulosas prebendas y blindajes varios que intentan asegurárseles por largas décadas en el marco de la “Ley ómnibus”. La casta política intenta repartirse los restos, aprovechando el rol que aún debe cumplir en la convalidación legislativa del saqueo. Mientras tanto, para el pueblo sólo hay censura, represión y hambre.

Si bien algunos legisladores salieron a protestar por la violentísima represión que se ejercía puertas afuera del Congreso, claramente allí estaban divididas, como en dos realidades paralelas, dos argentinas: la de la casta, ahora con Milei como referencia, y la de los habitantes de a pie. Ni siquiera ciudadanos, ya que no se les garantiza siquiera el derecho constitucional a expresarse y se los engaña sistemáticamente con los programas electorales que siempre se invierten.

Mientras que cada vez son más los argentinos que no consiguen satisfacer sus necesidades básicas y amplios sectores de la clase media se hunden en la pobreza y la precariedad, las corporaciones hacen su negocio y diversos sectores de la política tratan de hurgar en la carroña. Los gobernadores reciben la presión –no exenta de amenazas- para que sus legisladores voten la “Ley ómnibus”, con la soga al cuello que supone el desfinanciamiento de sus provincias, pero en lugar de organizarse para tratar de imponer sus condiciones al poder central la mayoría sólo imagina las maneras de sacar el mayor rédito posible de su rendición.

La clave, para la mayoría, está en conseguir la coparticipación del Impuesto País en el debate parlamentario. No son sólo los de JxC: también el cordobés Martín Llaryora o el tucumano Osvaldo Jaldo han demostrado una propensión colaboracionista a ultranza, sin ponerse colorados. Justamente Llaryora está hablando con sus pares para tratar de colar el asunto en la votación en particular. Con ese objetivo, mandó a contactar al bloque de Unión por la Patria para conseguirlo. Su objetivo consiste en restablecer el artículo 180 del texto original de la Ley Ómnibus, que ratificaba hasta fin de año la vigencia del Impuesto País, y disponía que la Nación se quedaba con el 70 por ciento de su recaudación, 21 por ciento las provincias y el 9 por ciento el fideicomiso de los barrios populares. Con ese 21 por ciento podrían compensar las provincias la caída de la recaudación que generó la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.

"Les estamos haciendo un favor al Gobierno nacional porque el Impuesto País pende de un hilo, ya que la Justicia Federal puede ratificar que se cayó al finalizar el ejercicio fiscal 2023", informan fuentes cordobesas.

Justamente la presión de los gobernadores por la coparticipación del Impuesto País fue la que terminó decidiendo a Luis "Toto" Caputo para retirar todo el capítulo fiscal de la Ley ómnibus, en prevención a que la oposición consiguiera forzar los cambios en el recinto, algo que todavía podría suceder.

Miguel Pichetto, quien se había mostrado encolerizado con el gobierno la semana anterior por cómo había expuesto a los legisladores colaboracionistas al conocerse que habían firmado un Dictamen de Comisión de Mayoría en blanco, dejando su redacción final al arbitrio de las corporaciones y de los estudios legales que las representan, cambió el chip en esta semana y se mostró mucho más tolerante, mientras llevaba a cabo el rosqueo para tratar de incorporar la coparticipación del impuesto País en los debates en el recinto.

Si bien la relación entre UxP y Llaryora no es precisamente amigable, el argumento de la necesidad común los podría llegar a reconciliar provisoriamente, ya que los beneficiaría a todos, Provincia de Buenos Aires incluida. Justamente desde UxP confirmaron informalmente que sería probable que la jugada se concrete, ya que Pichetto le quiere cobrar al gobierno los desplantes y destratos que hubo durante la discusión en Comisión. Sólo los condiciona su deseo de no quedar pegados al bloque que posibilitó la aprobación de la ley. Tampoco quieren beneficiar a Osvaldo Jaldo, uno de los promotores de la movida. Pero hay otra realidad irrefutable: mientras que el tucumano recibiría 10 mil millones de pesos por mes si le coparticipan el impuesto PAIS, Axel Kicillof acreditaría 40 mil millones de pesos cada 30 días.

Así las cosas, el debate de fondo –que es lo que, en última instancia, realmente interesa al gobierno-, el otorgamiento de facultades legislativas extraordinarias, queda diluido tras la arboleda de cuestiones puntuales. La mayoría ni siquiera parece preocuparse porque, en caso de ser aprobadas, su propia capacidad de negociación quedará detonada. Una vez más, la lógica de “lo atamo con alambre” es la que priva en la política argentina, mientras que los peces gordos de las corporaciones nacionales e internacionales hacen su negocio. Y en este caso sí, lo que se conceda resultará irreversible.

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