Política
Feudo jujeño

Abogados K de Milagro Sala asumen el caso del detenido por tuit del culebrón matrimonial de Morales-Snopek

Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal, de defensores de Milagro Sala a patrocinar a los acusados de difamar al ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su esposa.
Familiares, amigos y militantes de los tuiteros presos en el Penal de Gorriti
Familiares, amigos y militantes de los tuiteros presos en el Penal de Gorriti

En una jugada legal que busca "saltar el cerco de la injusticia jujeña", la abogada y ex ministra de Género de Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta, y Marcos Aldazábal, conocidos defensores kirchneristas, asumieron la representación legal de Nahuel Morandini, un profesor universitario detenido por 60 días por tuitear una noticia falsa sobre la vida privada del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Morandini fue detenido junto con Roque Villegas, y ambos enfrentan acusaciones graves por lesiones psíquicas y alteración del estado civil.

Los letrados Gómez Alcorta y Alazábal son afines al kirchnerismo y litigaron en la provincia de Jujuy en la defensa de la dirigente Milagro Sala, presa por defraudación pública en los planes federales de viviendas. Ahora la familia de Nahuel Morandini los sumó a su defensa con la intención de dar mayor visibilidad al caso de los dos detenidos por twittear.

Apoyo Nacional e Internacional

Gómez Alcorta en declaraciones a una radio expresó su respaldo a Morandini, criticando la falta de Estado de derecho en Jujuy y denunciando la persecución judicial. La abogada anunció que acciones internacionales ya se han presentado para denunciar la situación ante organismos internacionales.

“En Jujuy hace años que el Estado de derecho es una ficción y solo por eso es posible que le imputen por esa acción el delito de lesiones y de alteración del estado civil y, además le dicten la prisión preventiva por 60 días”, escribió en su cuenta de X la exministra del fracasado gobierno de Alberto Fernández.

“En la causa intervienen: un fiscal especializado en delitos económicos, una fiscalía de violencia de género, la defensoría de niños y, como querellantes: la esposa de Morales y el Consejo Provincial de Mujeres. Todo actúan por una publicación, sin foto, ni nombres propios en una red social. Ya se han presentado acciones internacionales para, una vez más, denunciar a la provincia de Jujuy por la persecución judicial, las graves violaciones a los derechos humanos y, en el caso, por la absoluta falta de objetividad del fiscal y de imparcialidad del juez”, expuso Gómez Alcorta.

Acción del CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumó a la defensa de Morandini y Villegas, presentándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. El CELS denunció el uso del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión en este caso.

Detalles del Caso

Morandini y Villegas fueron detenidos por publicar en redes sociales comentarios sobre la vida privada de Morales, su esposa Tulia Snopek y su hija menor. La detención incluyó una orden de prisión preventiva por 60 días y restricciones sobre la libertad de expresión de los acusados y sus familiares.

Observaciones de Derechos Humanos

Una delegación nacional de derechos humanos observó irregularidades en el proceso penal y realizó una visita al penal de Villa Gorriti, donde están detenidos. Se destacaron las condiciones de encierro y la afectación de la salud de Morandini.

Cambio de defensa para mayor visibilidad mediática

La familia de Morandini optó por la representación de Gómez Alcorta y Aldazábal, buscando una mayor visibilidad del caso a nivel nacional e internacional, ya que ambos letrados defendieron a la dirigente de la Agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.

A su vez, Gómez Alcorta en su rol de ministra de Mujeres nacional, se destaca por su ideología de género, proaborto, y por desoír sobre casos aberrantes como el de Lucio Dupuy, mientras destinaba millonarios fondos en apoyo a los mapuches usurpadores de la Patagonia y gastos exorbitantes de copas menstruales en plena pandemia de Covid-19. Desde los familiares se destacó la proyección nacional de los abogados y su experiencia en casos de derechos humanos.

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