La toma de Los Hornos comenzó al iniciarse el gobierno de Alberto Fernández y la intendencia de Julio Garro de Juntos por el Cambio. Fue la toma más populosa de la historia de la provincia y la más prolongada.

Las autoridades locales no desalojaron a los ocupantes a pesar de denuncias de los vecinos del barrio por venta de drogas, prostitución, delincuencia y un gran negocio inmobiliario con los loteos clandestinos de las tierras. Las 200 hectáreas estaban en terrenos inundables, pero, a pesar de eso, el gobierno provincial habría colaborado en la instalación del tendido eléctrico de los okupas.

Como recordó el Iprofesional, durante la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández se desentendió del asunto, a pesar de que la toma se realizó en terrenos fiscales que dependían de su administración. Rápidamente, referentes opositores al kirchnerismo, realizaron la denuncia correspondiente en el juzgado federal platense. El juez que estaba de turno era Alejo Ramos Padilla que, finalmente, se declaró incompetente pues los terrenos dependían de Nación.

Allí apareció la gran ayuda del gobierno provincial de Axel Kicillof. Durante el año pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, adquirió 100 hectáreas ocupadas por 483.900.000 pesos a pagar en cómodas cuotas al gobierno nacional de Alberto Fernández. El gobierno nacional le ofreció le entregó extensas tierras a Kicillof por menos de 420 mil dólares.

Fue la primera toma ilegal que la política "legalizó". Según publicó Iprofesional, la senadora provincial por Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, accedió a la documentación completa. Por esa razón solicitó el desarchivo de la causa judicial y que respondan las autoridades políticas pues, la justicia de la provincia de Buenos Aires no puede mirar para otro lado: Se gastaron 483 millones de los bonaerenses.

La inacción de la Justicia

El medio mencionado afirmó que Arietto se pregunta cuál fue el criterio que tuvo en cuenta las autoridades provinciales para adquirir 100 de las 160 hectáreas y de qué manera se repartirán los terrenos. El mensaje de los políticos involucrados, asegura la denunciante, es el de premiar a los que hicieron las cosas mal: Los Okupas.

La justicia aún no investigó quiénes fueron los que lucraron con los pobres. Durante los tiempos de pandemia, los terrenos se vendían, en forma privada, entre 60 mil a 500 mil pesos el lote. ¿Nadie lo investigará?

En ese contexto, aún se investiga si existieron instigadores en la sangrienta toma de Gonzaléz Catán, partido de La Matanza, que terminó con la vida de cinco personas, tres de ellas, de nacionalidad boliviana. En las últimas horas, cinco personas fueron detenidas, supuestamente, por pertenecer a la banda de la puntera paraguaya, Juana Correa Villalba. La toma de Catán fue la primera del año 2024 del gobierno de Javier Milei.

Obviamente, los políticos locales le echaron la culpa a Milei y a las políticas de su gobierno. El abogado que representa los familiares de una de las víctimas fatales es Juan Grabois. Llamativo. Punteros de la zona respondían al Movimiento Social que representa el abogado ex precandidato a Presidente de la Nación.

Las tierras que adquirió Kicillof están en un lugar estratégico para los vivos de siempre: llamativamente cerca de la Unidad Penitenciaria de Los Hornos. Los históricos vecinos de la zona no fueron escuchados para la futura localización de los nuevos ocupantes de las viviendas que aún nadie sabe cuándo comenzarán a construirse. Los dirigentes sociales pelean por quedarse con otra enorme caja de construcción de viviendas, ahora, en la provincia de Buenos Aires ya que, aseguran, vendrán tiempos difíciles en su relación con las autoridades nacionales.