El ida y vuelta con los bloques opositores hizo experimentar al megaproyecto de ley una serie importante de cambios.

El principal fue el retiro del capítulo fiscal de manera completa, ante una negociación con los gobernadores y la oposición que terminó por naufragar la semana pasada.

Según confirmó Infobae por fuentes del Ministerio de Economía, el cambio también incluyó el artículo que refería al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El artículo 226 de la redacción original planteaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se quede con todos los activos del fondo inversor de Anses, entre ellos 22.200 millones de dólares de bonos del Tesoro y, lo que disparó más críticas en el resto de los bloques, otros 5.700 millones de dólares en acciones de empresas privadas líderes, que en su momento pertenecían a las AFJP y que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del sistema jubilatorio en 2008.

En las últimas semanas la oposición exigió que el Gobierno tenga primero el visto bueno de una comisión bicameral antes de vender las acciones de empresas en manos de Anses.

Finalmente la versión final del megaproyecto de ley autorizará solamente el traspaso de los títulos del Tesoro. La intención del Palacio de Hacienda es deslistar esos bonos.

En la última versión de la “Ley Bases” que circuló entre los diputados, el tramo que legisla sobre la consolidación de la deuda pública ya no incluye los artículos que rezaban sobre el destino de las acciones en poder del FGS.

El artículo 97 (que era el 198 del dictamen) sostiene: “Consolídense en el Estado Nacional las tenencias de títulos de deuda pública de titularidad de las entidades del Sector Público Nacional comprendido en el artículo octavo de la Ley 24.156, y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad creado por el Decreto 897/2007″.

Esto es: que el FGS y el resto de los 66 organismos públicos que tienen en su cartera bonos del Tesoro, los transfieran al Poder Ejecutivo. Como en las versiones anteriores, quedan excluidos de ese artículo el Banco Central y el Banco Nación.

A los organismos públicos que tengan bonos del Tesoro, la ley les da un plazo de 90 días para que “reclamen” el crédito presupuestario por el valor nominal del título en sus carteras. La palabra final la tendrá la Jefatura de Gabinete, que encabeza Nicolás Posse.

La cartera de acciones en manos del fondo del organismo previsional y que pasarían a ser parte de los activos del Tesoro rondan los 5.678 millones de dólares, el 17,4 por ciento del total.

En moneda doméstica, representa 4,7 billones de pesos, según el último informe realizado por la nueva conducción de Anses. Del total de acciones, un quinto pertenecen a papeles de Ternium (poco menos de un billón de pesos).

Le siguen Pampa Holding (10,2 por ciento del total), Transportadora Gas del Sur (9,4 por ciento), Banco Macro (9,1 por ciento) y Grupo Financiero Galicia (8,1 por ciento).