REALPOLITIK sumó que desde el Ministerio de Transporte, liderado el funcionario que está siendo investigado por lavado de dinero, afirman que las transacciones para las empresas de colectivos "están en proceso", en un claro intento de calmar las aguas. La provincia cuenta con 8.600 colectivos distribuidos en 136 empresas, muchas de las cuales reportan serias dificultades para cubrir costos operativos y cumplir con sus obligaciones salariales.

El problema no se limita a la provincia de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), empresas de transporte enfrentan complicaciones similares, derivadas de la falta de actualización en los subsidios y del estancamiento de las tarifas. Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), la situación es insostenible, ya que los ingresos regulados por el estado, provenientes de tarifas y subsidios, no se han incrementado desde junio.

“La solución pasa por un aumento de tarifas o mayores compensaciones. Sin estas medidas, las empresas enfrentan una crisis que pone en jaque sus servicios y el pago de salarios”, señalaron desde AAETA a este mismo medio.

El conflicto pone en evidencia las tensiones en el sector del transporte, donde los empresarios exigen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del servicio, mientras que desde los gobiernos nacional y provincial insisten en que los recursos asignados son suficientes para afrontar los compromisos. La situación sigue en desarrollo, con miles de usuarios afectados y sin soluciones a la vista.