La desconfianza se profundiza cuando se contrasta el optimismo oficial con la realidad de millones de argentinos. Un informe del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) advierte que el 76,5% de las familias pobres ha reducido su consumo de alimentos, mientras que el 40,5% de los menores sufre malnutrición. Estas cifras cuestionan la narrativa de recuperación económica promovida por el gobierno, que insiste en que sus políticas están reduciendo la pobreza de forma sostenible.

La propuesta del índice de Capital Humano, que coexistirá con el método tradicional del Indec, parece diseñada para generar datos “a medida” del relato oficial. Analistas han señalado que este sistema permitirá al gobierno mostrar mejoras que no necesariamente reflejan la realidad. “Es un ajuste de cifras, no de políticas”, criticó un especialista en estadísticas sociales, cuestionando la transparencia y el rigor del nuevo enfoque.

En un contexto de creciente descontento social, la apuesta del gobierno por un “índice paralelo” corre el riesgo de erosionar aún más la confianza pública en las estadísticas oficiales. Mientras el país enfrenta una crisis estructural de pobreza, la sociedad exige políticas concretas que ataquen las causas del problema, y no números maquillados que intenten disimularlo.