Esta decisión judicial, que busca apartar a la expresidenta de la arena política, recuerda inevitablemente al decreto 4161 de 1956, promulgado por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, que prohibía mencionar a Juan Domingo Perón y al peronismo.

Vamos a hacer algo de historia para los más jóvenes: el decreto 4161, puesto en vigencia el 5 de marzo de 1956 en un contexto de represión y persecución política, tenía como objetivo borrar cualquier rastro del peronismo de la vida pública argentina.

Prohibía la mención de los nombres propios de Perón y Eva Duarte, como el empleo de cualquier símbolo, doctrina o expresión relacionada con el movimiento peronista. La medida sirvió para mantener a Perón alejado de la actividad política durante un largo tiempo y al Partido Peronista fuera de la competencia electoral, a pesar de la posterior derogación de la norma.

Hoy la condena a Cristina Kirchner parece ser un modelo actializado de aquella proscripción. Este miércoles quedó claro que lo importante no son los seis años, si no la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta, que tiene un claro objetivo: impedir que compita en futuras elecciones y debilitar al peronismo.

Vivir en democracia implica aceptar la participación del otro, por eso no es posible reeditar un decreto 4161, entonces entra en escena el Partido Judicial para vestirse de Aramburu y firmar sentencias sin pruebas.

Juntamente sobre las pruebas, o mejor dicho, ante la falta de ellas es importante destacar que el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había expresado públicamente que no existían elementos suficientes para inculpar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Lo dijo en octubre de 2022 en el programa de Alejandro Fantino, que lo escuchaba incrédulo.

Además el abogado destacó el excelente trabajo de los defensores de la expresidenta. Por eso es que hay algo que no cierra. Lo que deja el fallo es la percepción de que hay una Justicia parcializada, utilizada como herramienta política para perseguir al campo nacional y popular.

La comparación entre el decreto 4161 y la condena a Cristina Kirchner no es solo una cuestión de coincidencias históricas. Ambos casos reflejan el uso del aparato oficial por parte del poder real en esa batalla inconclusa para contra los que tienen un modelo de país distinto a la entrega del patrimonio nacional.

En un ligero repaso histórico se puede afirmar que la pelea comenzó el 12 de agosto de 1806, en respuesta al despreciable comportamiento de un selecto grupo de porteños que recibió con agrado al invasor inglés. Quienes quieran tener más información sobre el tema pueden leer "La involución hispanoamericana, el caso argentino 1711-2010" del profesor Julio Carlos González. También pueden ver sus videos en YouTube.

La inhabilitación perpetua tiene dos lecturas. Por un lado, el análisis técnico que harán los juristas con argumentos cruzados. Por el otro, la lectura política y desde ese costado la condena puede resultar contraproducente. Cristina va a usar el fallo para convertirse en un símbolo de resistencia frente a la persecución política de la que es objeto.

No es menor que esa persecución tenga lugar en medio de una crisis económica. En ese sentido es claro que el Gobierno necesita un tema que inunde la tapa de los diarios para que no se hable de la recesión, pero la historia demuestra que la construcción de un enemigo político siempre se vuelve en contra del creador. Pasó en Brasil y en Estados Unidos: Lula Da Silva y Donald Trump pasaron de ser demonio a presidente, sin escalas. Eso también podría pasar en la Argentina.