En este marco, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan, confirmó este viernes la convocatoria a sesión especial impulsada por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que también contó con el respaldo del jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y legisladores de la Unión Cívica Radical.

La fecha estipulada para la sesión especial es el miércoles 30 de noviembre, una semana después de conocerse la ratificación de la Cámara de Casación de la condena a “La Jefa” en la causa Vialidad y luego que el Gobierno le retirara la pensión y la jubilación de privilegio.

El dictamen de la iniciativa se alcanzó en septiembre de este año y busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan condena penal con fallo en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.

La inhabilitación temporal se mantiene hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena. Si bien la medida parece especialmente pergeñada para cortarle las piernas a CFK e impedir que vuelva a presentarse, lo cierto es que supone un límite al “viva la pepa” del que gozan los sinvergüenzas y estafadores que, pese a estar más sucios que una papa, se aprovechan de la parsimonia de la Justicia y de la negligencia social para seguir ocupando puestos del Estado.

Al mismo tiempo, bien sabido es que el Poder Judicial no siempre tiene la venda bien colocada sobre los ojos, y es claro que en algunos casos, no se juzga el mismo delitoc con la misma vara, dependiendo quienes sean los acusados. Si bien el kirchnerismo suele estar en la picota por el choreo descarado, lo cierto es que los funcionarios de la etapa macrista no son ningunos santos, y muchos de ellos se encuentran otra vez en cargos del Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei, sin que tengan que pagar el precio de sus “hazañas”.

En esta línea, habrá que prestar particular atención e hilar fino a la hora de ver cómo se llevará adelante la instrumentación de la ley, puesto que, teniendo una Justicia evidentemente influenciada por la política, la “Ficha Limpia” tranquilamente se podría transformar en una herramienta de persecución para proscribir candidatos “peligrosos” para el propio Poder Judicial.

Después de todo, los mismísimos jueces suelen ser cuestionados por actuar en beneficio de sus propios intereses, para mantener privilegios como la exención de ciertos impuestos. La medida suena bien intencionada y, a primera lectura, ofrece una propuesta superadora para limpiar la corrupción. Pero podría implicar, a la larga, una injerencia desmedida del Poder Judicial sobre los procesos electorales.