El proyecto de la oposición propone establecer un plazo de 90 días para que el Congreso trate los DNU y exige la aprobación de ambas cámaras para que un decreto se mantenga firme. Hoy, bajo el sistema actual, solo se necesita la aprobación de una de las cámaras para que el DNU sea definitivo, facilitando el abuso de esta herramienta por el Ejecutivo. El Gobierno, lejos de mostrarse abierto al debate, busca frenar la propuesta y evitar que esta modificación llegue a concretarse, porque le arrebataría una de sus herramientas de poder más efectivas.

Además del DNU, Milei ha recurrido al veto como otro instrumento de bloqueo y ya amenazó con hacer uso de él para anular cualquier intento de regulación de los DNU. Sin que haya siquiera cuestiones presupuestarias en juego, Milei advirtió: “Si sale la reforma, se veta”, alegando que modificar las condiciones de los DNU equivale a “un golpe de Estado” y “un intento de cambiar las reglas a mitad de camino”. Esta postura inflexible del presidente pone en duda su compromiso con la transparencia y el diálogo institucional, elementos básicos para una democracia auténtica.

Este movimiento en el Congreso podría limitar el abuso del Ejecutivo, pero el camino es complejo. La pregunta es si la oposición logrará finalmente restablecer los controles al poder que el gobierno de Milei ha intentado eludir con sus DNU.