La disminución de los contratos, la reducción de la duración de los contratos y los incrementos más frecuentes del precio de alquiler aumentan respecto al año anterior. Desde 2024, el porcentaje de hogares que pudieron pactar aumentos anuales se redujo del 26 al 7 por ciento y el de quienes debieron aceptar aumentos trimestrales aumentó del 26 al 46 por ciento. Esto se refleja en los resultados respecto de las expectativas habitacionales: aumentaron diez puntos porcentuales los hogares que piensan que van a vivir en una vivienda igual o peor que la actual, respecto al 2022.

Por otro lado, la encuesta muestra una situación económica cada vez más precaria de la población inquilina. El 62 por ciento de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza. Además, casi el 40 por ciento destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler (seis puntos porcentuales más que el año pasado), el 60 por ciento está atrasado con el pago de los servicios básicos de los hogares y aumentó, también seis puntos porcentuales, la cantidad de hogares que se endeudó para poder pagar el alquiler. Los hogares sostenidos por mujeres se encuentran más endeudados con empresas, bancos, comercios y familiares.

Este cuadro no puede disociarse de la decisión del gobierno nacional de quitar subsidios y habilitar aumentos de los bienes y servicios esenciales del sostenimiento de la vida. El costo total de los servicios se incrementó un 374 por ciento desde diciembre pasado, explicado principalmente por las actualizaciones de las tarifas del transporte, la energía eléctrica, el agua y el gas.

A partir de la liberalización del mercado de alquileres ya no existen plazos mínimos, moneda, ni frecuencia de actualización obligatorios por ley. Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación contractual, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omite toda política en beneficio de la población inquilina. Esto, según los datos relevados, repercute sobre los marcos mínimos de previsibilidad con los que debería contar un sector cada vez más numeroso y que tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna.

Datos alarmantes

Pobreza: el 62 por ciento de los hogares inquilinos del AMBA declara ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Endeudamiento: el 59 por ciento de los hogares solicitó dinero en bancos y financieras y/o a parientes y personas conocidas. Este número es similar al de 2022, pero aumentó la proporción de hogares endeudados que utilizan el dinero para pagar el alquiler (de 62 a 67 por ciento). Sin embargo, esto no evitó que aumente el porcentaje de hogares que debe el alquiler, proporción que subió por primera vez desde la pandemia (del 18 al 21 por ciento). Además, el 60 por ciento de los hogares está atrasado con el pago de impuestos, servicios, cuotas de colegios, prepagas o repago de créditos y diferentes financiamientos públicos y privados.

Costo del alquiler: aumentó la proporción de hogares que destina menos de un cuarto de sus ingresos al alquiler (del 11 en 2022 al 21 por ciento en 2024), al mismo tiempo que creció la de los que destinan más de la mitad (del 32 al 38 por ciento).

Hacinamiento: uno de cada tres hogares inquilinos (36 por ciento) vive en condiciones de hacinamiento. Entre los que están por debajo de la línea de pobreza eso sucede en uno de cada dos (55 por ciento). La mayor parte de las viviendas son de uno (27 por ciento) y dos ambientes (42 por ciento), mientras que los hogares inquilinos tienden a ser de dos (22 por ciento) o tres personas (25 por ciento).

Contratos: quienes definieron su alquiler en 2024 pactaron mayoritariamente arreglos formales o informales por dos años (37 por ciento), mientras que el 41 por ciento de quienes firmaron antes de 2024 tiene aún contratos por tres años.

Aumentos: desde la derogación de la ley, el índice de inflación es la referencia más elegida para definir el porcentaje de aumentos (34 por ciento) y con una actualización trimestral o cuatrimestral en el 46 por ciento de los casos.

Mudanzas: el 69 por ciento de los hogares inquilinos se mudó por lo menos una vez en los últimos cinco años. Para aquellos en los que hay personas menores de 18 años, este número alcanza al 76 por ciento. En el 45 por ciento de los casos, la mudanza se debió a que no le renovaron el contrato o a que no pudieron continuar pagando el alquiler vigente y/o la renovación solicitada.

Expectativas: proyectadas a los próximos seis meses, las expectativas de quienes alquilan empeoraron: aumenta la proporción de hogares que cree que deberá rescindir anticipadamente o que no podrá renovar (33 por ciento). El 42 por ciento espera que la situación del mercado de alquileres empeore y el 22 por ciento que continúe “igual de mal”.

Además, crece el porcentaje de personas que cree que su próxima vivienda será similar o peor que la actual, mientras que se contrae la de quienes esperan que sea mejor. Finalmente, la mayoría (43 por ciento) cree que en cinco años continuará alquilando o incluso no sabe si tendrá dónde vivir (24 por ciento).