Estos sectores coinciden en que el presidente Javier Milei ha abusado de los DNU, y consideran necesaria una reforma para evitar el uso excesivo de esta herramienta. De obtener dictamen, el proyecto estaría listo para su tratamiento en el recinto, pese a la oposición del sector libertario.

En esta negociación, sectores dialoguistas, el peronismo y la izquierda han logrado acercar posiciones para modificar la Ley 26.122. La intención es que el Congreso pueda rechazar de forma más ágil un DNU y limitar así una herramienta a la que Milei ha recurrido en reiteradas ocasiones.

Este miércoles vence el plazo del emplazamiento que la oposición aprobó en la última sesión tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, obligando al oficialismo a convocar a un plenario de comisiones. Luego de dos reuniones informativas, hoy se espera avanzar en el dictamen, ya que el oficialismo no puede posponer el debate por reglamento. El bloque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los radicales de Democracia para Siempre han dejado en claro que desean que el proyecto llegue al recinto.

En la Constitución Nacional (artículo 99), los DNU solo deben utilizarse en "circunstancias excepcionales" que hagan "imposible seguir los trámites ordinarios", aunque este criterio es frecuentemente ignorado. Un ejemplo reciente fue el DNU 656, que otorgó a la SIDE fondos por cien mil millones de pesos, sin consenso legislativo.

Según la actual Ley 26.122, el Congreso no puede modificar los DNU, sino que solo puede ratificarlos o derogarlos mediante el rechazo en ambas cámaras. En la historia, este mecanismo solo se utilizó una vez para derogar un decreto que ampliaba los fondos a la SIDE. Los DNU se mantienen vigentes con fuerza de ley si no son rechazados.

Las negociaciones en curso apuntan a un texto minimalista que permita alcanzar el consenso. Entre los puntos en discusión se encuentra el límite de tiempo para que el Congreso se pronuncie y la bicameralidad para la ratificación. Mientras que el peronismo propone un plazo de 90 días para que ambas cámaras se expresen, Encuentro Federal sugiere extenderlo a 120 días, inspirado en la legislación brasileña. La Coalición Cívica, por su parte, advierte que no es conveniente establecer un plazo fijo, manteniendo el sistema actual.

La mayoría de los bloques coincide en que ambas cámaras deberían ratificar un decreto para que tenga vigencia, de modo que el rechazo en cualquiera de las dos resultaría suficiente para anularlo. Esto evitaría situaciones como la del DNU 70, que sigue vigente solo porque la Cámara de Diputados no lo ha tratado, a pesar de haber pasado ya diez meses.

La discusión sobre la ley de DNU ha visto cambios de postura en varios bloques. Unión por la Patria, que anteriormente defendía la norma sancionada en 2006 bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, ahora apoya la modificación debido a los presuntos abusos del presidente Milei, señalando como ejemplo el DNU 70/2023, que derogó cerca de 300 regulaciones. Por otro lado, el PRO, que históricamente promovía la limitación de los DNU durante el kirchnerismo, ahora ha solicitado más tiempo para un "debate serio".

De alcanzarse un acuerdo entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT, el proyecto podría obtener media sanción, aunque dependerá de la postura de bloques como el radicalismo, que se encuentra en proceso de reconfiguración, y de Innovación Federal, que responde a gobernadores que siguen de cerca la negociación del Presupuesto 2025.