Carolina Losada explicó las razones detrás del proyecto, señalando que “la asimetría regional de costos surge de la concentración de dos terceras partes de las refinerías nacionales en la provincia de Buenos Aires, mientras que las restantes están ubicadas en Mendoza, Santa Fe y Neuquén”. Además, destacó que la estructura de la distribución de estaciones de servicio influye en la capacidad de los estacioneros para manejar sus márgenes de ganancia.

El grupo de legisladores radicales argumenta que la brecha de precios entre la Capital Federal y el interior no se debe únicamente al costo del flete desde las refinerías, ya que nunca antes la diferencia había superado el cuatro por ciento.

Según sostienen, “otros factores también contribuyen a estas distorsiones de precios”, entre los cuales destacaron la estrategia comercial de las empresas para maximizar sus ganancias en perjuicio del bien común. Esta situación afecta especialmente a las economías regionales al incrementar los costos de transporte y, en consecuencia, el precio final de los productos que estas provincias producen.

“Además, estas disparidades impactan de manera desproporcionada en los ciudadanos de menores ingresos, pues en las regiones con menores niveles de desarrollo relativo, como el NEA, el combustible tiene precios más altos, lo que castiga aún más el bolsillo de sus habitantes”, enfatizaron.

En los fundamentos del proyecto, los senadores radicales también plantearon la necesidad de armonizar la carga tributaria en las distintas jurisdicciones. Explicaron que algunos estados provinciales han ajustado el impuesto a los Ingresos Brutos sobre la venta de combustibles para incrementar sus ingresos, afectando los márgenes de costos en la venta minorista y creando desigualdades en los precios finales según la región.

El texto también recuerda que esta no es la primera vez que se impulsa un proyecto de precio uniforme para los combustibles. Entre los antecedentes mencionados figuran propuestas de los ex senadores como el cornudo de Gerardo Morales, Juan Carlos Torres, Sandra Giménez y Dalmacio Mera en distintas sesiones legislativas desde 2012. Asimismo, se hizo mención a los proyectos de la ex senadora Laura Montero, quien presentó iniciativas en 2015 para implementar alícuotas diferenciadas de impuestos.

En la fundamentación del proyecto, también se subraya el papel de Laura Montero en el Senado, quien, como ex titular de la comisión de Economía Nacional y ex vicegobernadora de Mendoza, estuvo entre los pocos senadores radicales que votaron en contra de la designación de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación en 2012, destacándose junto a Arturo Vera (Entre Ríos) y Mario Cimadevilla (Chubut). En contraste, en aquella ocasión, otros dirigentes radicales como el jujeño cornudo Gerardo Morales dieron su apoyo a la ex funcionaria.