Uno de estos últimos gastos polémicos fue el que realizó la Suprema Corte de Justicia que solicitó 25 vehículos: 20 de ellos son camionetas utilitarias multipropósito para cuatro pasajeros más uno, nafta/diesel y los otros 5 son automóviles cuatro puertas con baúl (tricuerpo). "Las unidades serán nuevas, 0 km., último modelo y serie de producción, en orden de inmediato servicio, excluido el patentamiento que estará a cargo de esta Suprema Corte de Justicia", detalla el pliego adjunto a la compra (Expediente 3000-21525-2024).

Teniendo en cuenta que, los salarios de los trabajadores de la Corte Suprema, que incluye juez de Cámara de Casación, juez de Cámara, secretario de la Corte Suprema y subsecretario administrativo, entre otros, ganan entre 3.7 millones de pesos y 2.1 millones de pesos, llama la atención que estos no puedan garantizarse el transporte por ellos mismos sin la necesidad de acudir a los bolsillos de los argentinos.

En esos autos y camionetas, se gastó 725.000.000,00 de pesos que ya fueron adjudicados en el mes anterior. De la misma forma, el Gobierno bonaerense proveyó de seguridad privada a los integrantes de la Suprema Corte utilizando unos 201.346.540,00 de pesos de los fondos públicos para ello. Generando un total de 926.346.540,00 en gastos que podrían haberse evitado.

Este personal de seguridad brindará sus servicios por un total de 12 meses y no utilizarán armas de fuego, sino que solo permanecerán allí para que, en caso de que, si existe una emergencia, se comuniquen de inmediato con el 911. ¿Era necesario destinar tamaña cifra en un servicio tan poco útil? ¿Por qué los trabajadores que sientan la necesidad de ese servicio no lo pagan de sus bolsillos?

Por el momento, ninguna de esas cuestiones parece preocupar a Kicillof pese a sus insistentes reclamos contra el presidente Javier Milei y sus políticas de ajuste.