En un rincón se encuentra la comunidad de Guerrero, cuya posición descansa sobre la presencia de sus antepasados en el lugar que reconocen como propio. En el otro, el poder político y mediático de una provincia feudal que, según los desalojados, tiene en vista un negocio inmobiliario. Para conocer el tema en detalle, NOVA dialogó con dos representantes de la comunidad originaria.

-¿Una presentación?

-Somos Norma Cabana y Diego Cruz, de la Comunidad de Origen de Guerrero Pueblo kolla, de la provincia de Jujuy. La comunidad tiene personería jurídica 485 Barrio 08, otorgada por el Intituto Nacional de Asuntos Indígeneas (INAI). También tenemos a nuestro favor el reconocimiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) Nuestra comunidad está ubicado a 15 kilómetros de San Salvador, la capital de la provincia.

-¿Es una zona rural?

-Es una zona rural, sí. La dirección exacta donde nuestra comunidad está asentada es ruta número 4, kilómetro 15, camino hacia el Obispado. Es una comunidad que está desde hace mucho tiempo, que viene de generación en generación.

-¿Cuánto tiempo llevan en el lugar?

-Nosotros tenemos una pericia antropológica, en la cual -según archivos históricos y un estudio del cementerio comunitario en el que tenemos familiares enterrados- estamos hablando que está desde el año 1840. En esa fecha había un cementerio -según cuenta el relato de mi abuelo, que se lo había llevado el río- que era mucho, mucho más antiguo. En ese cementerio se enterraban los miembros de la comunidad, miembros de Termes Reyes, Yala, Juan Galán, que son localidades vecinas también.

-Estamos hablando de un tiempo, año más, año menos, 180 años en el lugar ¿Siempre en el mismo lugar?

Sí, un poco más, siempre en el mismo lugar. Digamos 200 años. Sí, en la actualidad somos la quinta, sexta generación que vive en el lugar.

-¿De qué vive la comunidad? ¿A qué se dedican?

-Nos dedicábamos a la producción ganadera, pero también tenemos sembrados y hacemos artesanías. Mi señora también es productora de queso, obviamente lo hacemos para vender. Mi hermano hace todo lo que es cuero. También sembramos yacón, que es un tubérculo. Trabajamos zapallo, callote y maíz, que también siempre se usa para el choclo y después queda también para forraje para los animales en épocas de sequía. También nos dedicamos a las hortalizas y sabíamos sembrar, lechuga, apio, orégano teníamos, acelga. También teníamos plantas frutales, más de 100 años que estaban en el lugar, como naranjo, laureles, limones, duraznos, peras, que hoy en día por este desalojo ya no hay nada.

-¿Cuándo empezaron los problemas?

Este conflicto viene desde hace 30 años, cuando llega el señor Guillermo Jenefes. Este hombre es muy poderoso. Fue senador nacional y llegó a ser vicegobernador de la provincia entre 2011 y 2015. Este señor se casó con una supuesta heredera de la propiedad de las tierras. Ahí empezó el conflicto.

-¿De qué partido es Jenefes?

-Jenefes hizo su carrera política en el Partido Justicialista. Actualmente su hijo, Juan Genefes, es diputado provincial. También tiene otros dos hijos: Pablo, que está en el negocio del tabaco, y Joaquín, que es funcionario en el Estado. Son una familia que siempre vivió del Eatado, pero también son dueños de Canal 7 de Jujuy.

-Ustedes cuentan que, año más, año menos, están desde hace 200 años en el lugar y tienen reconocimiento oficial ¿De dónde saca el señor Jenefes padre que él es el dueño?

-Él se vinculó con las familias que habían ahí. Hablo de los Carrillo, los Quevedo, los Cornejo, de ahí. Él se casó con la señora Eulalia Quevedo, que después falleció. Entonces el viudo dice que las tierras eran de su señora. Eso lo sacó ee un título colonial que supuestamente era de la época colonial.

-La provincia de Jujuy obtiene su autonomía respecto de Tucumán en 1834 ¿Él se ampara en documentos previos a esa época?

-Ellos alegan que hay un título que le da la propiedad a la familia de ella. Según relatos de los abuelos, apareció un señor diciendo que era su tierra. Era un tal Pablo Carrillo, casado con una señora de apellido Padilla, que hermana del obispo Padilla. Este sacerdote fue el primer obispo de la provincia de Jujuy. Pero nosotros ya estábamos.

-¿Siempre fue una tierra en disputa?

-No, fue una tierra que estaba tranquila. Vivían nuestros ancestros. Y después llegaron los supuestos dueños diciendo que todo era de ellos, y que todos tenían que ponerse a la orden de ellos. Y de ahí comenzó el proceso de colonia feudal que hasta el día de la fecha se sigue manteniendo ese sistema en la provincia de Jujuy. Y viene por la opresión que sufrían las personas que habitaban ahí. Ya en la época 1670, varias familias que vivían en la localidad de Guerrero fueron despojadas.

-¿Despojadas por quién?

Por los primeros terratenientes.

- Estamos hablando que los Jenefes empezaron a reclamar en los últimos 30 añas la propiedad de las tierras ¿La comunidad cómo reaccionó frente a todo esto? Porque acá hay que hacer un paréntesis: la Constitución de 1994 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios a la Nación y le reconoce derechos.

-Mire, nosotros, la comunidad, Comenzamos un proceso judicial por el simple hecho de ser poseedores. Esto viene desde 2005-2006. Inmediatamente cuando se enteran los terratenientes que nosotros estamos iniciando el proceso de reconocimiento en la Justicia, nos señalan como usurpadores. Ahí empezaron los actos de hostigamiento hacia la comunidad.

-Ellos hacen una acción de reivindicación por las tierras y ustedes le oponen los títulos que dan cuenta de que sus ancestros estaban allí desde antes del comienzo de todo. ¿Cómo llegamos al desalojo?

-Me gustaría hacer un paréntesis para ver todo el proceso que se fue llevando a lo largo de los tiempos. Las comunidades cuando se organizan no tuvimos apertura a nivel provincial. Estaba a cargo desde ese momento del Registro Provincial de Comunidad Indígena, la Secretaría de Derechos Humanos, la cual cajoneó nuestro expediente, pensamos que por orden del senador Jenefes. Después vino un equipo técnico el cual inspeccionó y evaluó con abogados, antropólogos y dictaminó y constató la veracidad. Y en ese momento, como digo yo, éramos más de 40 familias. Durante la gestión del gobernador Gerardo Morales se firmaron decretos para anular nuestra personería. Mientras tanto hemos sufrido persecución, varios miembros de nuestra comunidad sufrieron hostigamiento, por lo cual nos fuimos desarmando, hasta quedar solamente las cinco familias que quedamos en el territorio. Fuimos desalojados el 15 de octubre último.

-¿Cuál es la finalidad que persiguen los Jenefes y por los que necesitan sacarlos a ustedes?

-Negocios inmobiliarios.

-¿Las cuarenta familias se mantienen hoy en día en la comunidad?

-Como la comunidad estaba conformada por tantas familias, él venía, los hostigaba o los amenazaba, o simplemente le decía: "bueno, le doy trabajo a todos tus hijos, le doy una casa, pero te vas de acá" entonces más de uno, por la necesidad, aceptó irse de la comunidad y se llevan a los abuelos que vivían en el lugar. Se llevaron la memoria. Los abuelitos terminaban falleciendo y los que se fueron no tuvieron más contacto con los que se quedaron.

-La jueza Lis Valdecantos Bernal ordenó un mega operativo para sacarlos a ustedes...

-Bueno, el proceso de justicia de reivindicación es muy largo, es muy, muy, muy largo. Nosotros teníamos un recurso federal no resuelto, que hasta nuestro entender impedía que ellos llegaran, porque hasta que no se dictamine resuelven. Según ellos se dictaminó o pasó algo en el medio que pudieron hacerlo, pero nosotros nunca hemos recibido, digamos, ningún tipo de notificación o algún tipo de escrito al abogado o al miembro de las comunidades. Liz Valdecanto Bernal. Es una jueza de primera instancia, la cual fue designada cuando Jenefes era vicegobernador. También lleva a cabo muchos trámites sucesivos de su familia, o sea, convenientemente.

-¿Cómo fue el operativo?

Bueno, el 15 llegó una artillería, podríamos decir, de efectivos policiales de toda la provincia de Jujuy. Hablamos de brigada de investigaciones, policía de la provincia, la montada, y bueno, todas las policías que pueden haber. O sea, fue un gran operativo. Eran más de 350 efectivos policiales en ese momento.

-¿Ustedes estaban ahí ese día?

-Nosotros nos encontrábamos en la casa cuando llega la jueza de paz diciendo que se tenía que llevar a cabo el desalojo. En total eramos más o menos 20 personas, que están conformadas en 5 familias. Otra cosa que pasó ese día es que nos sacaron nuestros animales.

-O sea, estamos hablando de casi 18 policías por persona.

-Sí. En el lugar ese día se encontraban niños y se encontraba nuestra abuela, que ahora en noviembre ya va a cumplir 100 años. Es una abuelita que no ve muy bien, tiene problemas auditivos y está en silla de ruedas. Ella en ese momento se estaba desayunando en su habitación, en su camita, cuando llegan de toda esta artillería para sacarnos de nuestro territorio.

-¿Fue violento, más allá de la violencia, tener tanta policía alrededor?

-Sí, ellos se manejaron en forma violenta. Porque ellos al ingresar al territorio directamente fueron a provocar y a mostrar algo que nosotros no iniciamos, digamos. Ahí la empujan a la comunera. La tiraron al piso y un policía se cayó arriba de ella. Hay que decir que esta mujer tiene 75 años. Ella es la que está a cargo por la asamblea al frente de la comunidad.