Entre los firmantes del comunicado se encuentran Marcelo López, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Ricardo Rolleri y la concejal Laura Chamorro, quienes señalaron que, al llegar al lugar, buscaban apoyar a la comunidad educativa y evitar que el conflicto afectara también a los vecinos de la zona.

Los firmantes rechazaron enérgicamente las acusaciones que los vinculan con actos violentos, argumentando que se trata de una denuncia con fines políticos y que fue difundida y exagerada por ciertos medios de comunicación. En el comunicado, acusaron al rector de la universidad de haber actuado de manera sesgada al mencionar únicamente a determinados legisladores, obviando la presencia de representantes de otros partidos que también asistieron.

Los funcionarios apuntaron además al Gobierno nacional, al que acusaron de ser “ajustador” e insensible a las necesidades de la educación pública. Afirmaron que el Ejecutivo no está comprometido con el acceso a la educación de calidad para todos, y criticaron la falta de inversión en el sector. “Fuimos, somos y seremos defensores de la educación pública, gratuita y de calidad, y para eso se necesita más inversión y no un mega ajustazo nunca visto en la historia argentina”, subrayaron en el comunicado.

Los firmantes incluyeron a Mario Ortíz, secretario general de la CGT Regional Matanza, Miguel Narváez, subsecretario de Culto de la Municipalidad de La Matanza, y Ángel Aisa, director general de Entidades de bien público de la misma municipalidad, quienes coincidieron en que su postura refleja el rechazo hacia cualquier intento de criminalizar su presencia en la UNLaM.