Cabe recordar que Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez, más conocido como Yao Cabrera, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el Tribunal Oral Federal Número 3 de San Martín en la Causa 10007/20 por el Art. 145 Bis "Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre".

A esa condena se le sumó la prohibición de salir del país, inhibición y embargo millonario y la indemnización a su víctima, la diseñadora gráfica, Giovanna De Mittole estipulada en más de seis millones de pesos.

Si bien en los próximos días será la Cámara Federal de Casación Penal de San Martín quien decidirá su camino a la cárcel, la Jueza que lo condenó, la doctora federal, Nada Flores Vega pidió en su sentencia a la Procelac, la UFI, la AFI y la AFIP profundizar la investigación penal contra Cabrera y su organización VIRAL/WIFI integrada por los youtubers Kevin Macri, Candela Diaz, Ulises Magic, Juampa Barbot, Fabri Lemus, Javi Ayul, Nathan Castro y una decena de miembros más por el presunto Lavado de Activos desarrollados de similar factura al de "La Gran Pelea".

Además de Cabrera, la inhibición judicial pesará sobre su socio, Nicolás Estigarribia por lo que se generó mucha preocupación entre los participantes L-Gante, Thomas Holder, la "Tigresa" Acuña, Alejandra "Locomotora" Oliveras, entre tantos otros, sobre quién se hará finalmente responsable de pagar sus abultados cachet.

Más denuncias

Es preciso mencionar que el youtuber Cabrera, además, fue imputado recientemente por amenazas y ataques informáticos a la prensa ya que una docena de denuncias desembocaron en una nueva acción judicial en su contra.

Según los denunciantes, en represalia por la cobertura mediática, Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez ordenó a los miembros de su organización de youtubers VIRAL/WIFI, realizar un ataque informático contra víctimas, denunciantes y periodistas que informaron sobre su reciente condena.

Esta nueva causa está caratulada como “Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, alias Yao Cabrera y/otros S/Amenazas Coactivas, Extorsión y Averiguación de Delitos” Causa Número 67.373/24.

Dicho expediente recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 62, a cargo de la jueza doctora Patricia Guichandut, con intervención de la Fiscalía Número 58 del doctor Jorge Fernández.

Estas acciones de amedrentamiento, por parte de la organización del influencer, se suman a las amenazas denunciadas por el portal periodístico Bigbansnews. En redes sociales, Manuela Fernández Mendy, directora del medio, con el apoyo de FOPEA Y ADEPA, dio a conocer los hackeos constantes del que son víctimas hace meses. Las formas del ataque informático nuclean reportes masivos de seguidores y posterior caída de las cuentas de Instagram, sitios web y suplantación de identidad de los números de WhatsApp.

Cabe recordar que Yao Cabrera y los miembros de la organización que lidera, tienen otra causa abierta en el Juzgado de Garantías Número 3 de Escobar por Corrupción de Menores, Facilitación de la Prostitución y Venta de Estupefacientes que incluye violaciones ocurridas en la denominada “Mansión WIFI” del Barrio San Marco de esa localidad bonaerense.

Quien se expresó en relación a la situación de Yao Cabrera fue su denunciante, el manager de medios Jorge Zonzini, quien sostuvo que "entre las causas conexas abiertas, tanto en Juzgados Federales como en Tribunales Ordinarios, contra este psicópata puedo asegurar que esta primera condena que logramos a cuatro años de prisión no será la única. Este mal llamado influencer deberá purgar en prisión algunos años más de los ya dictaminados por la justicia federal en su contra”.

Dicho esto, Zonzini, expresó que "fueron muchos los años en que este ignorante vejó voluntades de niños vulnerables y de padres distraídos para su enriquecimiento. Es por ello que, como en el caso de otro de mis denunciados, Emmanuel Camus Ioselli, no dudo que al menos pasará más de diez años en prisión"

Por último trascendió que las víctimas de las demandas y juicios en curso contra el cantante L-Gante también han enviado sus respectivos embargos judiciales preventivos