La desvinculación y la privatización de las sociedades del Estado están a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, quien trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

La eliminación de los organismos estaba preparada desde el mes de marzo, pero faltaba que el Congreso le ceda las facultades administrativas a Javier Milei para poder oficializarlo. Las fuentes indican que desde la Casa Rosada ya se trabaja en el respaldo legal necesario para argumentar la disolución de cada una de las áreas.

Tras ceder, en contra de la decisión del pueblo, las facultades administrativas al presidente y gracias a la, también en contra del pueblo, sanción de la Ley Bases, el mandatario posee ahora la facultad extraordinaria de eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. También posee ahora la facultad de ceder organismos a las provincias que los soliciten y actualmente tiene como objetivo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

Tanto las universidades como las dependencias del Poder Legislativo y las del Poder Judicial quedaron por fuera de la intervención del jefe de Estado; al igual que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Dentro de la Ley Bases, en el artículo 52, se fija también un marco normativo para los empleados públicos de áreas sujetas a la eliminación y modificación que establece, a modo de premio consuelo, que quedarán a la espera de ser reubicados y capacitados para otras áreas o servicios tercerizados del Estado con un año con goce de sueldo.