Carreras sostiene que el acuerdo se fundamenta en el cuestionado comunicado "Foradori-Duncan", que fue rechazado en su momento por nuestro país. Según la letrada, este documento debió haber sido aprobado por el Congreso, en conformidad con el artículo 75 de la Constitución Nacional, algo que la canciller no cumplió. “Este es un tema de soberanía que no puede resolverse unilateralmente”, señaló la abogada, quien también es reconocida por su participación en la causa del hundimiento del submarino ARA San Juan.

La denuncia fue presentada ante el juez federal Sebastián Ramos, donde Carreras argumentó que el acuerdo "viola la soberanía argentina" y que los vuelos son ilegales. Esta resaltó la gravedad del hecho, enfatizando que la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas sigue vigente. "No es menor lo que anunció el Gobierno, porque involucra cuestiones relacionadas con nuestro territorio en disputa".

El acuerdo, firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU, incluye no solo los vuelos, sino también un viaje al archipiélago para familiares de excombatientes caídos en la Guerra de Malvinas, antes de fin de año. Además, se prevén medidas conjuntas sobre la conservación pesquera en la zona. Desde la Cancillería indicaron que estas iniciativas buscan "avanzar en una agenda de cooperación más ambiciosa" entre las Malvinas y el continente; pero ni siquiera para la propia vicepresidente Victoria Villarruel este acuerdo tiene lógica.

Esto se vio reflejado en un breve comunicado que compartió vía X donde arremete contra Mondino y rechazó el acuerdo calificándolo como un "límite inaceptable". Además, lanzó: "¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación".

En su presentación judicial, Carreras detalla que el acuerdo es ilegal por basarse en el repudiado "Foradori-Duncan", y afirma que los vuelos a las islas, en este contexto, también lo serían. "Lo acordado toca aspectos esenciales de nuestra soberanía, y la falta de intervención del Congreso es una violación directa de la Constitución", concluyó la abogada.