El abogado del dueño del local comercial, Jesús Licet, dijo a CNN que durante la audiencia de presentación a su defendido, a dos masajistas y a 30 clientes les imputaron los cargos de “ultraje al pudor” y de agavillamiento, referido a la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos.

Un tercer cargo, de contaminación sónica, quedó reservado para las personas directamente vinculadas al local bajo el argumento de que el sonido de los altavoces era muy alto. De los 33 detenidos, 30 fueron excarcelados bajo régimen de presentación cada 30 días, mientras los otros tres permanecerán arrestados hasta cumplir con la fianza.

El artículo 381 del Código Penal, aplicado en este caso, establece que todo individuo que haya “ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público será castigado con prisión de tres a quince meses”.

La defensa describe el establecimiento como un “centro de spa, masajes y de esparcimiento para la comunidad homosexual” y argumenta que se trataba de un grupo de hombres mayores de edad en un local privado y no en un lugar público como refiere el artículo.

Adicionalmente, consideran que judicializar este caso marca un precedente negativo y detalló que se trataba de un lugar privado, ubicado en una zona comercial y que tenía más de dos años de funcionamiento.

El abogado indica que en el informe se señala que el operativo se hizo luego de que supuestamente las autoridades recibieran una llamada anónima denunciando que en el local comercial tenían conductas indecorosas, presuntas orgías, ruido excesivo y consumo de drogas.

Destaca que no hubo orden de allanamiento pero que los dueños del local permitieron el acceso de la policía y que durante la revisión no encontraron estupefacientes. Dice que se llevaron el altavoz, pero que no se hizo la inspección técnica para determinar si el volumen de estos equipos de sonido violaba alguna normativa legal. Concluye que la actuación devela discriminación por homofobia.

Según describe su abogado defensor, el dueño del local fue el único en ofrecer declaraciones durante la audiencia.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia afirmó que una actividad sexual consentida, entre adultos y en privado no configura la comisión de un delito y aclara que si se tratara de una orgía, al ser en privado, tampoco es delito.

Advierten que se configuró una detención arbitraria de los 33 hombres y una persecución por razón de su orientación sexual lo cual, argumentan, es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.