Al tipo de cambio oficial de referencia para abril el desequilibrio representa un rojo de 3.991,6 millones de dólares en un año. La misma operación para el déficit acumulado de hace un año arroja un monto de 3.533 millones de dólares, por lo que sin importar cómo se lo mida la tendencia alcista es más que evidente.

El Gobierno de Alberto Fernández llevó al déficit de las empresas del Estado al equivalente del 0,73 por ciento del PBI en abril de 2023, prácticamente el doble de lo que recibieron en diciembre de 2019, a pesar de que una de las promesas de campaña del Presidente era precisamente atacar estas pérdidas.

Una de las empresas más implicadas en la generación de déficit es ENARSA, una empresa de energía creada en 2003 por iniciativa de Néstor Kirchner. Los ferrocarriles se perfilan como la otra gran fuente de déficit que se traslada al bolsillo de los contribuyentes, en gran medida debido a la apertura de nuevos ramales económicamente inviables.

Desde 2003 se abortó completamente cualquier avance en dirección a la privatización de empresas del Estado. Los sucesivos Gobiernos terminaron su mandato con déficits igual o superiores a los que heredaron sin excepción, incluyendo la última gestión de Cambiemos (que no produjo ningún cambio en este aspecto).

Pero no solo se mal-administraron las entidades que ya se tenían, sino que incluso se crearon nuevas. En 2020 el Gobierno kirchnerista anunció la estatización de todas las rutas nacionales con peaje, y trató de crear una empresa estatal para intervenir el mercado de granos aunque afortunadamente la medida quedó trunca.

A mediados del año 2021 el oficialismo nuevamente avanzó hacia la estatización, esta vez con la mira puesta en la histórica Hidrovía Paraná-Paraguay, el transporte nacional de ferrocarril de cargas. Más tarde, en 2022 se decidió eliminar completamente todos los contratos de concesión por obra pública con participación público-privada (PPP).