El allanamiento, ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 6 de Avellaneda-Lanús, tuvo como objetivo verificar la clandestinidad de la actividad que continuaba a pesar de las medidas de clausura impuestas por la Municipalidad de Lanús a principios de año. Participaron inspectores del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua y el municipio mencionado.

Durante la diligencia, se descubrieron numerosas irregularidades, como la presencia de residuos contaminantes, documentación habilitatoria faltante y violación de las condiciones laborales. Estos hallazgos llevaron a la decisión de clausurar completamente el establecimiento e inicial una investigación penal por la violación de clausura.

Los investigadores de la Policía ecológica constataron que las condiciones de vida en el lugar eran precarias, con habitaciones de reducido tamaño y condiciones insalubres. Ante esta situación, el Servicio Zonal de Niñez y Adolescentes de Lanús intervino de inmediato, recopilando información y asegurándose de entregar al menor a su hermano mayor, quien ahora se encargará de su cuidado.

El fiscal a cargo del caso, basándose en las conclusiones del personal policial, ordenó la aprehensión de la responsable de la actividad industrial. A la que se le imputaron los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, en violación de los artículos 145 bis y 145 ter incisos 4 y 7 párrafo 2 y 3 del Código Penal Argentino.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los empleados, quienes permanecerán en el interior de la empresa, se establecerá una consigna policial en la puerta del establecimiento por tiempo indeterminado. Paralelamente, se brindará asistencia a través de los servicios sociales municipales a los afectados hasta que puedan ser derivados a lugares seguros.