La Sala V, integrada por los jueces Pablo Gallegos Fedriani, Guillermo Fabio Treacy y Jorge Federico Alemany dio por acreditados los daños sufridos por las hijas en razón de su muerte de su padre, el exilio al que se vieron sometidas después y la falta de entrega de los restos del comandante del ERP.

La decisión del tribunal se originó en la revisión de un fallo de primera instancia dictado en 2018, que condenó al Estado Nacional por daño moral sufrido por la parte actora derivado de la no entrega del cadáver de su padre, pero que había declarado prescriptas las demás pretensiones. En resumen: el vergonzoso fallo judicial establece que el subversivo Santucho fue una víctima y que el Estado argentino fue un feroz victimario.

Los jueces argimentaron que “tanto la persecución y detención ilegítima de las actoras, como el posterior exilio al que se vieron impulsadas, al constituir hechos ilícitos imputables al Estado Nacional, resultan generadores de responsabilidad y deben ser objeto de reparación”.

Una historia con una sola versión

La pregunta que genera esta esta indignante decisión es por qué se sigue poniendo el foco en hacer justicia de un solo lado, convirtiendo en mártires a terroristas que no fueron otra cosa que una manga de asesinos y delincuentes de de la peor calaña. Esta es una verdad que se ocultó durante décadas y se sigue ocultando mediante la imposición de un relato falso, malicioso e improcedente.

La sangrienta década del 70 fue una tragedia para la Argentina. La violencia comenzó el día que Montoneros hizo su presentación en sociedad asesinando al ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y terminó en una guerra civil que dejó profundas y dolorosas huellas.

¿Quién fue Santucho?

Mario Roberto Santucho era el cerebro perverso detrás del accionar criminal del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Nunca fue víctima ni una figura a la cuál daba rendirse tributo alguno. Santucho fue un asesino.

El 19 de julio de 1976 en la localidad bonaerense de Villa Martelli, resultó abatido en una redada. Al momento de la caida de su jefe el ERP era la segunda organización terrorista en número de adherentes detrás de Montoneros.

El ERP financiaba su estructura mediante asaltos a entidades bancarias y a comercios. Otra importante fuente de ingresos era el dinero proveniente de los secuestros extorsivos (alojando a sus víctimas en taperas inmundas a las que llamaban "Cárcel del Pueblo") Las armas las obtenían asesinando a policías y copando unidades militares. Entre 1970 y 1974 se registraron alrededor de 300 víctimas de la organización.

En su época de esplendor la agrupación guerrillera relataba sus atentados en la revista Estrella Roja. Entre sus víctimas más conocidas se encuentran el director general de Fiat Cóncord, Oberdan Sallustro; el almirante Hermes Quijada; el mayor Argentino del Valle Larrabure; los coroneles Camilo Arturo Gay y Pablo Ibarzábal y el capitán Humberto Viola y su pequeña hija, de tres años de edad.

Las acciones terroristas más impactantes del ERP fueron el ataque a la Comisaría 24 de Rosario (septiembre de 1970) el asalto a una sucursal del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) a escasos metros de la Casa Rosada, en enero de 1972; el copamiento de una escuela primaria en la provincia de Tucumán, en noviembre de 1973 y el asalto a la Guarnición Militar de Azul, el 19 de enero de 1974.

Los hijos nunca son responsables por las acciones de sus padres, pero fijar una indemnización para la descendencia de un subversivo es la negación de todo estado de derecho, porque al final de cuentas el mensaje es que atentar contra el orden institucional y asesinar a sangre fría, tiene premio.