Lejos de la imagen que pretende dar, Zamora luce como un personaje acomplejado. “No nos subestimen”, vocifera, defendiéndose de las críticas hacia él y hacia su pareja, Claudia Ledesma Abdala, actual presidenta provisional del Senado de la Nación y quien lo ha reemplazado en la gobernación cuando la Justicia impidió a Zamora maniobras fraudulentas para asegurarse el poder eterno al frente del distrito.

Deberán saber ambos que lejos está la sociedad de confundir a Santiago del Estero, o a los santiagueños, con sus pésimos dirigentes políticos, un mal que lamentablemente no es exclusivo de esa provincia.

Su denodado impulso para someter a juicio políticos a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación encubre viejos rencores del gobernador. En 2013, la Corte, con otra composición, impidió que Zamora violara la Constitución del distrito, que le prohibía una segunda reelección consecutiva y que la Corte provincial, mostrando un servilismo impropio de una república democrática, había respaldado.

Zamora extiende el fastidio por no lograr sus espurios objetivos también a la Unidad de Información Financiera, en tiempos en que ese organismo no estaba al servicio de la impunidad del gobierno de turno y que, con todo profesionalismo, denunció el intento de representantes de la gobernación que, violando la ley, pretendían retirar de un banco 32 millones de dólares en efectivo, evitando los controles.

Su burdo y acomodaticio desconocimiento de la legalidad guía su campaña contra los fallos de la Corte Suprema en un disparatado juicio, llegando incluso a promover causas penales contra un colaborador del presidente de la Corte, utilizando para ello a un juez federal y basándose en chats obtenidos de forma ilegal.

Su vergonzosa disposición a continuar accediendo adulonamente a las patrañas vicepresidenciales lleva ahora a Zamora a alentar al presidente Alberto Fernández a violar el artículo 53 de la Constitución nacional, al incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el pedido de iniciación de juicio político a la Corte, una función que solo le corresponde iniciar a la Cámara de Diputados.

También se ha expresado de manera sobreactuada y despectiva sobre la rapiña que ha hecho el gobierno nacional de los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, cuya devolución ha sido dispuesta por el máximo tribunal.

Aunque, al asumir, juran cumplir y respetar las normas constitucionales, dirigentes como Zamora las violan sistemáticamente.

Con el ataque a la Corte, el gobierno nacional y sus cómplices, entre ellos, gobernadores de provincias con la peor calidad institucional, contribuyen también al desprestigio internacional de la Argentina, ahuyentando cualquier intención de invertir en el país.