En la práctica, este texto ambiguo, complementado por otras dos polémicas leyes bautizadas por sus detractores como “No digas gay” y “Paremos lo woke”, ha servido para atacar a los contenidos LGTBI y antirracistas.

La primera ley limitaba a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual hasta el tercer grado (8-9 años), mientras que la segunda impedía a las instituciones educativas enseñar cualquier cosa que pudiera causar en alguien “sentimiento de culpa, angustia o cualquier forma de malestar psicológico” debido a su raza, color de piel, sexo u origen nacional. Sin embargo, finalmente un juez federal anuló gran parte del proyecto de ley, calificándolo de “totalmente distópico”.

Aulas sin libros

Sí se ha mantenido en pie la normativa que ataca a los libros (HB 1467), que entró en vigor en julio del 2022 y fue reformada en diciembre, cuando el Departamento de Educación de Florida (DOE) extendió su aplicación a las bibliotecas de las aulas de instituto. Desde ese momento, todos los materiales escolares deben ser autorizados previamente por un “especialista”. En caso contrario, los maestros que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas de hasta 5 mil dólares o incluso a penas de cárcel de hasta cinco años.

Ante tal temor, las aulas se han vaciado de libros, dejando una imagen desoladora, que algunos profesores se han atrevido a mostrar a través de sus redes sociales. Es decir, la autocensura se ha apoderado de los maestros, que ya de por sí están sufriendo una importante reprimenda. A pesar de que la ley se aplica de manera distinta en cada uno de los 67 distritos escolares del estado, lo que complica el seguimiento, la ONG Florida Freedom to Read Project calcula que hasta el mes de septiembre fueron objetados más de 900 títulos, de los cuales más de 400 habían sido retirados temporalmente de las bibliotecas y 65 sufrieron una censura definitiva.

La organización actualizó a principios de febrero la cifra de solicitudes de retirada en el Estado, que ya asciende a 1.858 títulos. Entre ellos, se encuentran las biografías de Sonia Sotomayor, la primera hispana en convertirse en jueza del Tribunal Supremo, o las de dos iconos latinos y negros, como la cantante cubana Celia Cruz o el jugador de béisbol puertorriqueño Roberto Clemente. Además, la asociación denuncia la retirada de títulos referentes a la activista Rosa Parks o al Dalai Lama.

El general anti-woke

La fama de Ron DeSantis se alimenta a base de este tipo de polémicas, que no solo se limitan a las escuelas de instituto. A finales de enero, saltó a la escena nacional la controversia producida por un curso de estudios afroamericanos, conocido como AP (Advanced Placement), que se imparte en universidades y algunos institutos. La restrictiva legislación de Florida obligó a que se eliminaran algunas partes de su currículum que incluían referencias a la teoría queer o a la interseccionalidad de las opresiones de género, clase o raza. Este hecho ha llevado a una treintena de organizaciones de derechos humanos a pedir la dimisión del presidente de la College Board (entidad organizadora el curso), que tomó la decisión de adaptar el currículum para poder seguir ofreciéndolo en Florida.

Otra de las grandes polémicas del gobernador tiene que ver con la prohibición de que las personas trans puedan participar en eventos deportivos de sus institutos y universidades. Además, más recientemente pidió en una encuesta dirigida a 12 universidades estatales que proporcionasen el número y las edades de todos los estudiantes que habían sido diagnosticados con disforia de género y habían buscado tratamiento, lo que incluye la cirugía de reasignación de sexo o las recetas de hormonas. Sin más explicación, la administración de DeSantis alegó que se trata de “gobernar los recursos institucionales y proteger el interés público”.