Tras varios años de descensos consecutivos, este repunte marca un nefasto cambio de tendencia y pone de relieve los graves riesgos y vulnerabilidades a los que siguen enfrentándose los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Además, estas cifras desnudan las crecientes fisuras en los sistemas del Estado de Derecho en todo el mundo y el incumplimiento por parte de los países de su obligación de proteger a los periodistas, tanto como de prevenir y enjuiciar ejemplificadoramente los crímenes contra ellos.

Lo más preocupante es la impunidad generalizada en torno a estos ataques. La Unesco denunció que el índice de impunidad de los asesinatos sigue siendo escandalosamente alto (86 por ciento).

Esto se traduce no solo en un efecto amedrentador, que pone en peligro la libertad de expresión en todo el mundo, sino que también denota el enorme poder que ampara a los agresores.

Una prensa libre es el único instrumento eficaz para limitar los abusos del poder político, una institución imprescindible para la democracia. Cualquier intento de silenciarla impacta irremediablemente en la conciencia de la ciudadanía: la condena a la ignorancia y le veda el derecho de acceso a una información completa, veraz y responsable. Atacar a un periodista es atentar contra el derecho a la información del conjunto de la sociedad.