“Los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, y estaban destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entraron efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y sus derechohabientes están asimismo en condiciones de obtenerla”, informan.

En este punto, la interacción e ingresó a anotarse fue subiendo esporádicamente y, en la provincia de Buenos Aires, el estallido empezó desde el minuto cero.

En este punto, el CECIM La Plata junto al CEVECIM Berisso y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron una denuncia por violaciones a la Ley 12.006 de Pensiones Honoríficas y perjuicios a las arcas públicas.

De este modo, pusieron en jaque el tema y plantearon el conflicto iniciado por la Ley votada en la Legislatura durante el 2022.

En este punto, recordemos que la denuncia es un paso más en el reclamo que las organizaciones de ex Combatientes y Derechos Humanos comenzaron, ante la sanción de una Ley por parte del Senado provincial que estableció un nuevo régimen especial de jubilación para oficiales y suboficiales que participaron de la guerra en las islas y posteriormente ingresaron a algún cargo en la administración pública provincial.

Los ex Combatientes solicitaron a la Fiscalía que “indague en la legalidad por la cual fueron otorgados beneficios de pensiones a personas que participaron en la Guerra de Malvinas como personal de cuadros de las FF.AA”, en la cual identifican violaciones a la Ley 12.066 que otorga el beneficio denominado “Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires”.

En el artículo primero de dicha Ley se estipula que podrán recibir esa pensión honorífica los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad “…en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de haber de retiro alguno en virtud de las leyes que los rijan”.

Esto significa que quedan excluidos los ex militares que perciban su jubilación a través de los aportes realizados al Instituto de Ayuda Financiera de las FFAA. Sin embargo, las organizaciones de ex Combatientes vienen denunciando una multiplicidad de casos en los que dichos beneficios se superponen de manera ilegal y eso es lo que están solicitando que la Fiscalía investigue.

¿Qué pasó entre los reclamos y la respuesta del Estado?

Centros de ex-soldados de Malvinas conscriptos que integran la MECOMA, entre los que se encuentra el CEVECIM Berisso y Ensenada, pidieron al gobernador Axel Kicillof el veto a la Ley aprobada el pasado 7 de octubre del 2022 por la Legislatura bonaerense que otorga beneficios jubilatorios a ex-militares retirados de las FFAA que participaron en la Guerra de Malvinas. Conforme a referentes del sector, entre los militares beneficiados figuran algunos que torturaron soldados durante el conflicto bélico, así como represores de la última dictadura.

Se habían movilizado a la Casa de Gobierno y gestionaron reuniones con funcionarios, entre ellos una que ya pudieron mantener con el subsecretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Rehl.

En la nota presentada al mandatario bonaerense, los excombatientes aportaron sus argumentos para objetar la norma. “El Senado, entre gallos y medianoches, trató el expediente D-629/22- 23, aprobando un proyecto de Ley que crea un régimen especial de jubilación para los oficiales y suboficiales que participaron en la guerra de Malvinas y posteriormente ingresaron a la administración pública de la provincia”, establecieron.

En el escrito advierten que la gran mayoría de los ex-militares que ingresaron a la administración pública provincial, lo hicieron violando la Ley 10.430. “Los organismos de control de la Provincia brillan por su ausencia, son mayoritariamente retirados por la Ley 19.101 de Pensiones y Retiros Militares, beneficiarios del Instituto de Ayuda Financiero de las FFAA”, argumentaron, entendiendo que ‘nunca debieron tener un cargo remunerado en la Provincia de Buenos Aires’. “Con esta ley pretenden obtener una doble prestación previsional, situación que no se ve reflejada en toda la legislación previsional de la República Argentina”, advierten.

Referentes de la MECOMA exponen que el expediente no pasó por ninguna comisión para analizar la cuestión de fondo en ninguna de las dos cámaras, donde sus organizaciones habían incorporado observaciones y oposiciones. “Evidentemente el lobby militar tuvo muchos adeptos, desoyendo los representantes de la democracia, las opiniones contrarias de las organizaciones de los ex combatientes soldados conscriptos, pero también de los organismos de Derechos Humanos y oposiciones como las de Estela de Carlotto, de la APDH, la Comisión Provincial de la Memoria, Madres de Plaza de Mayo, como así también de ATE y la CTA”, describieron, cuestionando particularmente a algunos funcionarios.

“Operaron fuerte por ejemplo en Lomas de Zamora, donde lograron el compromiso del jefe de Gabinete Martín Insaurralde, quien motorizó la aprobación del proyecto”, mencionaron.

¿Hubo falsificación en las pensiones?

Según diversos medios de comunicación, salió a la luz que cinco hombres quedaron imputados por falsificar y estafar al Estado por cobrar subsidios como veteranos de Malvinas desde hace unos diez años.

La investigación determinó que "trucharon" la documentación que presentaron para ser considerados ex combatientes, sin serlo, del conflicto bélico ocurrido entre Argentina y el Reino Unido en 1982. Según la pesquisa, estos hombres no estuvieron presentes en el teatro de operaciones y de todas maneras cobraban el dinero. Allanaron sus casas y secuestraron documentación valiosa para la causa y a uno le encontraron municiones de guerra.

Luego de pedir diferentes informes al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, le comunicaron que los sospechosos investigados no eran veteranos de Malvinas, es decir, no participaron de la guerra en cuestión. A pesar de esta situación, los hombres cobraron subsidios desde el 2002 -fecha estimada- hasta la actualidad.

Según informaron las autoridades judiciales, estas personas habían sido militares y por esa razón tenían amplios conocimientos en la instrucción militar (vocabulario, entre otros aspectos). Sin embargo, se comprobó que habían presentado documentación apócrifa, es decir, falsa, sobre su participación en el, también conocido, conflicto del Atlántico Sur.

Por esas pruebas el fiscal ordenó hacer cinco allanamientos en los domicilios particulares de los acusados y los policías de la División de Delitos Económicos irrumpieron en las casas.

¿Cómo sigue la historia?

Actualmente el IPS líquida unos 8500 beneficios, algo que en el CECIM califican como “inexplicable de justificar, ya que padrón histórico a finales de 1982 arroja una cifra de 4500 ex combatientes que residían en la Provincia de Buenos Aires”. Desde el centro de ex Combatientes resaltan, además, que de ese total unas 4800 pensiones corresponden a ex militares y sólo 3700 a ex soldados, cuando la estructura de las FFAA en esos tiempos de integraba en un 70 por ciento por soldados y 30 por ciento cuadros, oficiales y suboficiales.

“Hoy cobran más pensiones miembros de las fuerzas que soldados en la provincia. Las trampas que vienen haciendo los miembros de las FFAA aprovechando el poco control que hay desde el Estado resulta difícil de entender”, expresó Hugo Robert.

En la denuncia a la Fiscalía, los ex Combatientes desnudan una de esas trampas por parte de ex miembros de las FFAA que consiste en fijar su domicilio en la provincia, en alguna dependencia militar, cuando su domicilio real corresponde a otras jurisdicciones.

“Como les conviene la pensión de la PBA, muchos militares se sumaron con el tiempo al beneficio fijando su domicilio en cuarteles o unidades militares de la provincia y obtienen el beneficio, una cosa propia de nuestras FFAA, trampean el domicilio y obtienen el beneficio. Y lo mismo van a hacer con esta Ley de privilegio que obtuvieron para poder jubilarse de manera anticipada en la provincia, lo venimos advirtiendo, están acostumbrados a hacerle trampas a la Ley”, sentenció Robert.

Los ex Combatientes solicitaron a la Fiscalía que investigue el padrón de beneficiarios ex militares de las pensiones provinciales corroborando que se cumplan los requisitos de contar con un domicilio real en la PBA con anterioridad a 1982, y tener domicilio real en la PBA al momento de sanción de la Ley 12.006.

“Estas irregularidades son el factor principal en el engrosamiento obsceno de la cantidad de beneficios” señalaron desde el CECIM en relación a la modalidad de fraguar los domicilios para acceder a las pensiones.

Fraude moral

Como dato a tener en cuenta, aquellos que deseen cometer estos tipos de malversaciones, que sepan que existe un fraude moral a la sociedad porque varios estos implicados, fueron reconocidos como ex combatientes en diferentes actos por parte de uniones vecinales y hasta escuelas en el país. Por esa razón, más allá del fraude económico a las arcas, también engañaron a personas con su supuesta participación en la guerra de Malvinas.

¿Qué pasa entre el Estado Nacional y la República Oriental del Uruguay?

Cómo dato que daremos a conocer más adelante, salió a la luz en este 2023 que se inició un formal reclamo al Gobierno nacional, para que implemente medidas de queja y sanciones contra la República Oriental del Uruguay por sus lazos y reconocimiento de la autodeterminación Kelper en la Islas Malvinas.

En la misma, se presentó una carta ante el Poder Ejecutivo, El poder Legislativo (ambas cámaras), y en Cancillería por parte de Ariel Hernán Valloud, ciudadano y miembro del Grupo Labor Peronista. A continuación la carta completa:

Dable es mencionar que la República Oriental del Uruguay desarrolla las acciones políticas mencionadas por Reino Unido a través de las Islas Malvinas, cualquiera sea el color político que se hallare en su gobierno.

Es meritorio señalar que iniciar un reclamo atribuyendo culpas a determinado sector político de ese país, o atribuyéndole a un conflicto entre derechas e izquierdas, es un debate vacío e inconducente, un paso en falso.

Desde todos los sectores políticos del Uruguay, no así su pueblo, se escuchan repetidamente los últimos lustros, incluso insultos hacia los argentinos como pueblo, provenientes tanto de sectores de izquierda como de sectores conservadores y a las pruebas públicas nos remitimos.

Por lo tanto es momento para que la Argentina se haga respetar.

Atte.
Ariel H. Valloud.

Por el presente y como representante del pueblo, solicitó a usted que con carácter de urgente, implemente gestiones dentro de sus atribuciones y facultades para iniciar formal queja contra el gobierno de la República Oriental del Uruguay, su poder Ejecutivo y Legislativo, con motivo de la visita a las Islas Malvinas por parte de los legisladores: Pedro Jisdonian del Partido Nacional, Felipe Schipani de los Colorados, Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto y Luis González del Partido Independiente, quienes el día 23 de enero del corriente, arribaron a las Islas Malvinas en coordinación con la embajadora del Reino Unido en Uruguay, Faye O’Connor, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales y económicas con el autodenominado gobierno de las Islas Malvinas.

Que además en dicha visita quedó públicamente registrado que dichos legisladores promueven abiertamente el principio de autodeterminación de los pueblos para los habitantes de las Islas Malvinas.

Dable es mencionar y que como todos sabemos dicha maniobra es un ardid de la política colonialista del Reino Unido, siendo falsa de falsedad absoluta, ajena y contraria al Derecho Internacional, agregando que como usted bien sabrá, los habitantes de las islas han sido implantados, concomitantemente al desplazamiento de la histórica población argentina allí asentada, y que en su mayoría dichos habitantes pertenecen a las fuerzas armadas del Reino Unido y de la OTAN.

Que las declaraciones ignominiosas de los legisladores mencionados, con evidente y claro impulso del Poder Ejecutivo del Uruguay no dejan lugar a dudas, y que a continuación detallo:

La diputada Silvana Pérez Bonavita: “Uruguay tiene una larga tradición en materia de respetar el derecho a la autodeterminación, la libertad de los países y el Derecho Internacional”. Además la legisladora expresó que personalmente, “respeta las decisiones” y aspiraciones independentistas de la colonia implantada en territorio argentino.

El legislador Jisdonian sostuvo que hay una serie de productos primarios similares sobre los cuales “ambos países trabajan” como ser la lana, carnes y pescado, y que “sería muy relevante (…) intercambiar información técnica en áreas tales como la ganadería y el tratamiento de las pasturas”.

El diputado Schipani expresó haberse informado sobre “ciertas situaciones y prácticas” de los buques pesqueros que operan desde el Puerto de Montevideo, las cuales serán tratadas con el ejecutivo uruguayo “para asegurarnos que la relación está bien preservada”.

Los legisladores también dijeron estar muy interesados en conectar a la Cámara de Comercio de las islas con su contraparte en Uruguay de forma que las dos puedan trabajar en conjunto, frente a la decisión de Lacalle Pou de concretar acuerdos fuera del Mercosur. “De ser así esto incrementaría el intercambio comercial con las Falklands”, dijo el Colorado Schipani.

Luis González del Partido Independiente dijo que, según su opinión, “existen oportunidades relevantes para avanzar en las Falklands junto a Uruguay” y “seguramente hay algunas necesidades en las Islas que Uruguay podría muy bien proporcionar y satisfacer”, entre otras cosas por la proximidad de Uruguay con las Islas.

Habida cuenta de que estos hechos no sólo suceden esporádicamente, sino que se vienen sucediendo desde hace varias décadas, cualquiera que sea el color político que gobierna en el país hermano Uruguay, es momento para que la Argentina haga valer su soberanía.

Que esta pate sugiere implementar separada o conjuntamente los siguientes reclamos y/o medidas:

• Queja formal en el Parlamento del Mercosur.
• Queja formal en la próxima Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados.
• Queja formal y directa contra el gobierno y el Parlamento de la República Oriental del Uruguay.
• Denuncia ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas y/u departamento competente en dicho organismo.
• Implementar sanciones económicas contra la República Oriental del Uruguay en igual medida y cantidad que el comercio bilateral con las Islas Malvinas, pudiendo ser en materia de gravámenes a importaciones u otro tipo.
• Se intimó al gobierno de Uruguay a que prohíba el amarre de barcos de origen isleño en sus puertos.

Otras medidas que usted considere necesarias.

Dable es mencionar que las quejas o sanciones que se implementen no sólo deben tener carácter meramente declarativo, como el realizado por la Embajada Argentina en Uruguay, que apenas se conoció en los medios de comunicación, sino que deben procurar impactar efectivamente en un real y contundente rechazo a estas acciones por parte del Gobierno del Uruguay.

La Argentina no puede seguir tolerando este tipo de situaciones canallescas que ponen a su pueblo en ridículo.

La posición de los intereses tanto de los legisladores del país Oriental como del Poder Ejecutivo de dicho país, es una provocación, una afrenta y una ignominia que humillan al pueblo argentino y en mayor medida aún a nuestros caídos en el combate en las Islas Malvinas como así también a los ex soldados conscriptos combatientes. Honremos su memoria.

Investigación:
Pedro Nicolas Dominguez
Jorge Di Pietro, Cevecim Berisso