Formalmente el “radicalismo kirchnerista” fueguino prohíbe expresamente “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia”, una decisión que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo efectivos y potenciales, así como una oportunidad histórica para generar divisas en un momento de extrema necesidad para el mercado cambiario.

Asimismo, en la Legislatura hubo apoyo unánime del radicalismo, el kirchnerismo y el Movimiento Popular Fueguino para aprobar la nueva ley, así como el de muchas organizaciones ecologistas fundamentalistas.

La normativa dispone “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”, que ahora serán completamente desaprovechados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos fueguinos.

En un camino diametralmente opuesto, Chile alcanzó un récord histórico de exportaciones de salmón y le significaron al país una acreencia de divisas de hasta 5180 millones de dólares en 2021, un fuerte incremento del 18,2 por ciento en comparación con el saldo exportador del período precedente.

El país vecino consolidó su posición en el mercado internacional como uno de los principales proveedores de salmón con reglas de juego estables, solamente por detrás de Noruega, y representando hasta el 27 por ciento de la oferta mundial. Los principales destinos de la exportación chilena en 2021 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y México.

La industria chilena de salmón permite el mantenimiento efectivo de 70 mil puestos de trabajo formales y hasta 4.000 pequeñas y medianas empresas, en contraposición a la completa esterilidad productiva en Tierra del Fuego.

A dos años del lanzamiento de la prohibición, queda en evidencia el potencial productivo boicoteado. La Provincia destruyó su industria salmonera y debió importar el producto por una factura equivalente a los 45 millones de dólares en el año 2021, lo cual representa una cifra récord para la compra de este pescado en el exterior.

El modelo productivo fueguino seguirá apostando por la industria deficiente y sustitutiva de importaciones, en ensamblaje artificial y subsidiado por el resto de las jurisdicciones, y el boicot de industrias competitivas con capacidad de generar divisas en nombre del ecologismo.

El creciente peso del radicalismo en la coalición de Juntos por el Cambio podría imponer una severa limitación para dar paso a reformas estructurales de mercado sobre la economía argentina a partir de diciembre de 2023.