“En este proceso conocimos al Polo Obrero y poco tiempo después decidimos un acampe a Casa de Gobierno a reclamar por las promesas incumplidas por parte del gobernador. Allí la asamblea fue permanente todos los días durante un mes, donde mantuvimos la concurrencia”, detallaron.

Comentaron que la ocupación de las tierras fue por culpa “del silencio de las autoridades”. Se trata de un grupo de treinta familias. “Conocimos a la presidente del ipv, la señora Laura Montes. El día que se hizo presente en el predio dijo entender la situación y que quería abrir una mesa de diálogo para buscar alguna solución”, dijeron.

Lo curioso es que esta persona, al salir del predio, procedió a la denuncia penal, de ahí en adelante las actuaciones policiales fueron netamente por decisión política y con la complicidad de la Justicia.