Es esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia generar herramientas que aseguren y garanticen que las nuevas generaciones accedan a una información clara y precisa sobre una de las etapas más oscuras y trágicas de la historia de nuestro país, como lo fue el golpe cívico-militar perpetrado el 24 de marzo del año 1976, remarcando enfáticamente la condena al Terrorismo de Estado.

Es primordial también hacer una revisión del pasado y reconocer a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, profundizando en el debate en torno a la política de Derechos Humanos y del ejercicio de la memoria, promoviendo el intercambio de ideas en un marco de discusión democrática, sumando voces colectivas, construyendo una política reparadora más integral de uno de los períodos más crueles y sangrientos de la historia argentina.

En ese sentido venimos dando una lucha incansable. Estamos por declarar de interés en el Parlamento nacional el “Acto de reparación histórica de entrega de legajos personales de víctimas del terrorismo de Estado en la Provincia de San Juan”

Entre otras, esta es una iniciativa tendiente a garantizar la no repetición del nefasto golpe militar, así como lo fue la inauguración del Archivo por la Memoria cuando fui Ministra de Gobierno.

Nos mueve la ferviente convicción de no claudicar en el ejercicio de la memoria, para iluminar el presente y poder construir un futuro, preservando las huellas del pasado reciente de nuestra historia.

La entrega de los legajos personales de las víctimas que fueron desaparecidas o asesinadas por el accionar represivo durante la última dictadura militar en nuestro país entre los años 1976 y 1983, permite resignificar y poner en valor a nuestros desaparecidos, reconociéndolos, manifestando un profundo sentimiento hacia sus familias.

Nos posibilita personificar a quienes sufrieron el quebrantamiento del orden constitucional, signados por una constante violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, donde más de 30 mil personas fueron desaparecidas

Es un momento de profunda emoción y celebración, pero también de reflexión sobre la responsabilidad irrenunciable del Estado de mantener viva la lucha por la “Memoria, Verdad y Justicia”