Y es que ningún funcionario público, pero mucho menos el Presidente, pueden afirmar que sabe sobre la comisión de un delito, pero no hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia. Y esto es justamente lo que hizo Milei al acusar a los legisladores que se oponen al Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó la semana pasada de estar “buscando coimas”.

Quizás sea una tontería que se podría haber evitado simplemente modificando el lenguaje, utilizar el potencial en vez de términos asertivos, o simplemente formular la frase de alguna forma que no suene tajante y afirmativa. Pero lo cierto es que el “Peluca” formulo su acusación sin remilgos, y al hacerlo, estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, además del de encubrimiento.

Es decir, si el Presidente sabe que se cometió un delito y no lo denuncia como corresponde ante la Justicia, está faltando a sus obligaciones como funcionario y a la vez siendo cómplice de la persona que comete el delito. De tal modo que, ni lerdo ni perezoso, el abogado Leonardo Martinez Herrero presentó una denuncia que recayó en el juzgado federal 6 de los tribunales de Comodoro Py, subrogado por el juez Ariel Lijo.

En la presentación, el letrado reprodujo los dichos de Javier Gerardo Milei en el programa de Luis Majul del 26 de diciembre, en el que afirmó: “Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”.

Sobre lo cual argumentó el letrado que los dichos “conllevarían a investigar la existencia del delito de cohecho e identificar supuestamente a los diputados y senadores que incurrirían según sus dichos en esa conducta que también sostiene que son algunos y no todos”, y sostuvo: “Considero que dichos presuntos delitos, que a esta parte no le constan, y que fueron denunciados por el Presidente públicamente en un medio televisivo ameritan una investigación a los efectos de ser esclarecidos o rechazados”.

El abogado señaló que al hacer una diferencia entre quienes sí y quienes no participarían del delito, la metida de Milei se amplifica, por lo que pidió que se le tome declaración testimonial “ya que conlleva una gravedad institucional de dos poderes del Estado, para que dé precisiones sobre a qué diputados y senadores se refiere”.

Y culmina: “Caso contrario se inicie la investigación contra el Sr. Presidente por los posibles delitos de incumplimiento de funcionario públicos tras no haber efectuado la denuncia correspondiente o el de encubrimiento”.

La presentación, si llega a prosperar, pondría a Milei en un severo aprieto. Por un lado, tendría la opción de declarar fehacientemente quienes son esos presuntos legisladores coimeros, aportar datos para justificar la acusación, y colaborar como debería ser con su rol de funcionario público. Esto le valdría enemistarse con los legisladores señalados, en un momento en el que acaba de enviar una ley crucial al Congreso. Por no hablar de lo difícil que sería comprobar sus acusaciones.

Otro camino sería que el Presidente se trague sus palabras y recule, retractándose de sus dichos y admita que estaba hablando, como diríamos en criollo, “por boca de ganso”, algo que lo dejaría también mal parado ante la sociedad.

En definitiva, es difícil que el blindaje político no logre voltear la denuncia, pero lo cierto es que, en caso de prosperar la presentación, el “León” no va a salir bien parado del trámite.