En una oportunidad, el científico de ficción se burlaba de una multa simbólica que la Corte Suprema le había impuesto a la jueza María Romilda Servini de Cubría por irregularidades en una causa de lavado de dinero. La jueza -sin ver el episodio- logró que la Justicia censure a Tato antes que la polémica secuencia saliese al aire, con el fundamento de que la misma era una injuriosa y difamatoria para su persona. La producción del programa no tuvo más remedio que reemplazar las escenas prohibidas por una placa negra que decía "censura judicial".

La respuesta de Bores fue magnífica. Reunió a 70 personalidades que cantaron en coro “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay” en una alusión, magistralmente irónica, a Servini de Cubría. Superado el incidente, Tato siguió su inconfundible estilo, audaz y provocador, que además tenía (y tiene) la particularidad de ser actual en todas las épocas -como el tango Cambalache- porque los problemas de la Argentina siempre son los mismos.

El gran Tato Bores se fue de gira el 11 de enero de 1996, pero dejó inagotables horas de video que parecen grabadas la semana pasada. Servini sigue en su puesto, pero ya no es de Cubría, porque enviudó en 2011. Ya no es la jueza Barú Budú Budía, porque hoy esa simpática referencia le queda como anillo al dedo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con el protocolo antipiquetes quiere impedir todo tipo de manifestaciones de descontento para con el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

El protocolo establece que las cuatro fuerzas federales pueden intervenir frente a situaciones de bloqueo parcial o total de la vía pública, empleando la fuerza mínima indispensable. El plan antipiquetes prevé la identificación de los autores, cómplices e instigadores de las manifestaciones; sanciones a los que lleven niños a las marchas; dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental (por la quema de cubiertas) y el cobro de los gastos de los operativos de seguridad a las organizaciones responsables.

El problema del protocolo es que despierta fuertes críticas por parte de la oposición y de dirigentes de izquierda, que solicitaron que se lo declare inconstitucional (ironía del destino: el pedido cayó en el juzgado de la jueza Servini, que se declaró incompetente). Quienes repudian la iniciativa señalan que Bullrich se olvida que en el pasado convocó a marchar al Obelisco -en tiempos de pandemia- para protestar contra la cuarentena. Ella encabezaba los cortes de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, y si debía pasar una ambulancia para salvar una vida, se encontraba con un piquete.

La ministra que hoy busca impedir los cortes, tiene un largo historial de protestas callejeras que comenzaron en tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando se organizaban cacerolazos y bloqueos de puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, empleando los mismos métodos que decía repudiar. Parece que Bullrich tiene una doble moral respecto de las marchas: si no las organiza ella, no valen.

La respuesta no se hizo esperar. El dirigente piquetero Eduardo Belliboni ratificó la marcha convocada para mañana, en una fecha sensible para la historia reciente argentina: el aniversario de la renuncia del expresidente Fernando De la Rúa. Por su parte, la ministra avisó que "habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse", como si hubiera una especie de estado de sitio no declarado.

Por si algo faltaba, Bullrich declaró que las personas que quieran manifestarse deberán hacerlo en la vereda para evitar que se les aplique el protocolo. Suponiendo que mañana haya 50.000 personas en la calle, ¿van a estar todos en la vereda? ¿La ministra pensó qué los comercios perderán el día de trabajo porque deberán cerrar sus puertas? ¿Cómo van a hacer las personas para ingresar a su domicilio? Por las dudas, y para evitar problemas, humildemente le sugerimos a Belliboni que los manifestantes marchen cantando: la ministra Barú Budú Budía es lo más grande que hay.